Melilla la Vieja, que ayer acogía con enorme solemnidad el acto institucional del 17 de septiembre, es testigo permanente desde hace años del problema de los menores extranjeros no acompañados. El presidente melillense, Juan José Imbroda, se hizo eco ayer de esta realidad diaria durante su discurso del Día de Melilla, en el que avanzó su decisión de plantear dos alternativas al Gobierno central: o estos chicos son devueltos a Marruecos en virtud del acuerdo que ambos países tienen firmados, o son trasladados a otros puntos de España. Imbroda puso en valor el esfuerzo que realiza la Ciudad Autónoma de Melilla en la atención a los más de 300 menores extranjeros no acompañados que tiene acogidos en sus centros, a los que se les cubren sus necesidades básicas y educativas. Y subrayó que “se les aplica la legislación”, que “es muy protectora de los menores”.
Eso es lo que da lugar al problema de los niños y adolescentes que rechazan esa atención para deambular por las calles “buscando obsesivamente el ir de polizones en los barcos” hasta Europa. Menores, aseveró, que “sirven para que alguna ONG justifique su trabajo, no sé si remunerado, para responsabilizar a cualquiera del comportamiento y modo de vida de esos menores”. “Llegan a la calumnia e injuria, por el grado de falsedad de sus infames comentarios”, afirmó el presidente melillense.
Sobre este asunto, dijo que la Ciudad Autónoma de Melilla ha pedido y pedirá al Gobierno de la Nación que aplique el acuerdo de repatriación con Marruecos, país que “incomprensiblemente no lo quiere poner en marcha”, aun cuando “los menores deben estar con sus familias por regla general”.
Afirmó también que el Gobierno de Melilla “está decidido a plantear rotundamente” que si no se aplica el acuerdo entre España y Marruecos, los menores sean trasladados a otros puntos del territorio nacional, aunque eso produjera “un efecto llamada”. Sin embargo, dijo que antepone “el interés de Melilla, que no debe soportar sola todo el peso de este fenómeno migratorio”.
De todos modos, también subrayó que no está de acuerdo “porque no es justo criminalizar a los menores”. Los datos y las “experiencias muy gratificantes de integración en la sociedad” lo avalan.
