La Fiscalía solicita para el que era consejero de Administraciones Públicas en 2007, Miguel Marín, una pena de 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en la Administración pública y para el ejercicio al derecho de sufragio pasivo. Todo ello, tras la presunta contratación irregular de un arquitecto durante su responsabilidad al frente de la Consejería, motivo por el que se le acusa de un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, tras el escrito de calificación del Ministerio Público, el Colegio de Arquitectos, que impulsó esta denuncia, retirará su acusación al considera que no ha cometido irregularidad alguna. Marín asegura por su parte que el delito de prevaricación del que se le acusa es "imposible", al estar respaldado el contrato "en tres ocasiones por la Justicia", por lo que se ha mostrado convencido de que todo quedará en nada.
La Fiscalía ya ha presentado el escrito de calificación previo a la apertura de juicio oral en el que pide una pena de 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público, al que era consejero de Administraciones Públicas en 2007 y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron a este diario que como único imputado finalmente en el caso, tras la revocación de la imputación al técnico que elaboró el contrato, a Marín se le acusa de un delito de prevaricación administrativa.
El Ministerio Público considera que tras la jubilación del arquitecto de la Ciudad, Marín actúo, en el caso del arquitecto contratado de forma irregular, "con clara intención de no sólo de mantenerlo en el puesto de trabajo sino de modificar sustancialmente las condiciones del mismo para favorecerle". En este sentido, sostiene que Marín no respetó "a sabiendas" el artículo 26.3 del VIII Convenio Colectivo del personal laboral de la Ciudad Autónoma
Legalidad del contrato
El presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, apuntó en declaraciones a este periódico que "confía plenamente en la Justicia", dado que ha sido ésta la que "ha dicho hasta en tres ocasiones que los contratos que yo he firmado son legales".
En concreto, según sostiene el imputado, el Juzgado de lo Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Audiencia Provincial en la sentencia en la que revocó la acusación del técnico que también había sido investigado en el caso. "Estoy muy tranquilo", aseveró el 'popular', quien indicó que es un "delito imposible", ya que sería necesario cometer un "ilícito administrativo" y sobre éste "la Justicia ya se ha pronunciado" y considera que se ajusta a toda la legislación, incluido el Convenio Colectivo.
"Cualquiera que conoce un mínimo de Derecho se lleva las manos a la cabeza con este proceso", sentenció Marín. Y es que a las tres sentencias, se suma el dictamen del Consejo de Estado que sostiene "no hay vicio de nulidad en el procedimiento administrativo". Marín señala que si en su caso la Audiencia no revocó la acusación es porque cuando el 'popular' recurrió la Audiencia "no entró a valorar los hechos" y lo remitió a que se aclaran en el desarrollo del juicio.
