El anterior responsable de Hacienda, Daniel Conesa, asegura que la «reorganización» de la Consejería «da lugar a reestructuraciones de personas que van y vienen». Así trató de explicar la renuncia voluntaria presentada por la persona que todavía ocupa el puesto de interventor general de la Ciudad, aunque otras fuentes apuntaran a una destitución inminente. Según afirma Conesa, el funcionario ya habría expresado al presidente de Melilla su intención de dejar el cargo. Entre otros motivos, argumenta que se trata de un puesto que «implica una enorme responsabilidad». El que era responsable de la Consejería de Hacienda hasta el pasado viernes, Daniel Conesa, afirmó ayer ante los medios de comunicación que el interventor de la Ciudad, Pedro Márquez, ya habría trasladado al presidente de Melilla su intención de renunciar a su puesto.
En este sentido, el recién nombrado consejero de Economía y Empleo alegó que, tras la «reorganización» de la Consejería de Hacienda, que ahora está al cargo de Esther Donoso, se había dado lugar a «reestructuraciones de personas que van y vienen».
Por su parte, Conesa también trasladó que se desconoce la fecha en la que el todavía interventor de la Ciudad dejará libre su cargo. A esto añadió que aún no se barajan posibles nombres para ocupar de nuevo el puesto.
Al ser preguntado por los motivos que podrían haber llevado al funcionario a presentar su renuncia voluntaria tal y como apuntan las fuentes oficiales, Conesa explicó que se trata de un puesto que «implica una enorme responsabilidad», además de reconocer que se trata de una estructura «que no cuenta con los medios humanos suficientes». Por esta razón recordó que el pasado viernes se aprobó la creación de la figura del viceinterventor de la Ciudad.
A pesar de la versión oficial, fuentes cercanas a la Ciudad confirmaron la semana pasada a MELILLA HOY que el Gobierno local tenía planeado cesar al interventor general accidental del Grupo A1, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Entre las razones facilitadas a este diario, está la paralización a la que el funcionario estaría sometiendo presuntamente la gestión de la Ciudad Autónoma.
