Para Equo Melilla "no se debe pasar de puntillas" el hecho de que un ex-viceconsejero de Medio Ambiente del Partido Popular haya sido condenado por el Tribunal Supremo y además afirma que "con el tiempo veremos a más". Esta sentencia marca un precedente porque supone que "los ataques que han sufrido los ecologistas en la ciudad desde hace años, no quedan impunes". "La beligerancia y embrutecimiento de políticos y empresarios ante las demandas sociales contra la destrucción del medio ambiente, y la corrupción aparejada a ella, hizo que la persecución hacia los ecologistas fuera algo habitual", explica. Los "ataques sufridos" en aquellos años obedecían a una "estrategia planeada para desviar la atención de los desmanes que se llevaban a cabo desde la Consejería de Medio Ambiente, que actualmente mantiene dos procesos judiciales en sendos juzgados por corrupción".
Consideran que se intentó "acabar mezquinamente con las voces que denunciaban esos desmanes" y que se creó la figura del viceconsejero de Medio Ambiente, "que ya no existe, exclusivamente para eso". Aseguran que fueron objeto de "persecuciones, insultos, acoso desde medios de comunicación, connivencias o indiferencias fueron la tónica que marcaron años muy duros para los ecologistas en esos años en Melilla, persecuciones que no hicieron desistir en sus denuncias y actividades al colectivo ecologista de la ciudad, lo cual contrasta con la docilidad actual del movimiento", añaden.
Desde su punto de vista, Medio Ambiente "ha dejado siempre mucho que desear". Dirigida en aquellos años por Ramón Gavilán, tuvo en su viceconsejero, Guillermo Merino," ahora investigado en otro proceso judicial, una marioneta que hacía el trabajo sucio". Afirma Equo que no es la única vez que el presidente Imbroda "utiliza a este tipo de personajes, sin preparación, sin trayectoria y sin futuro laboral, como perros de presa y dispuestos a casi todo para mantener el cargo". Posteriormente, Calabuig tomó el relevo de Gavilán en la Consejería de Medio Ambiente, "siguiendo en la misma tónica".
Recuerdan que la sentencia contra Merino fue en principio dictada por el juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Melilla, "una sentencia impecable que dejaba claro que no se pueden usar cargos institucionales para atacar a miembros de la sociedad usando además mentiras", pero fue anulada por la Audiencia Provincial y fue el Supremo el que devolvió íntegramente la razón al Juzgado n.º 3.
El fallo condena a Guillermo Merino, a difundir a su costa la sentencia, en los mismos medios en que se divulgaron las declaraciones y a pagar mil euros a la asociación y a abonar las costas del juicio.
