Esto no puede seguir por más tiempo así. Las palabras deben ir acompañadas de hechos y la Ciudad Autónoma tiene que poner fin a unos impagos que se llevan arrastrando años y que están poniendo al borde de la quiebra a muchas empresas de Melilla
Los impagos de las facturas de la Ciudad Autónoma a las empresas que les suministran distintos servicios están llevando a una situación de extrema gravedad a muchas empresas melillenses cuyo cliente más importante es el Ayuntamiento. Unos impagos que han obligado a distintas empresas a solicitar préstamos con sus correspondientes intereses para poder abonar las nóminas de sus trabajadores. Pero es tal la parálisis que sufre la administración autonómica a la hora de hacer frente a sus facturas, algunas con años de retraso, que está llevando a dichos empresas a su ahogamiento económico.
La marcha del anterior interventor, que tenía paralizados gran parte de los pagos de forma incomprensible, no ha servido aún para desbloquear la situación a pesar del interés manifestado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de pagar a sus proveedores. Sin embargo, sus palabras no han venido acompañadas de hechos y lo triste es que lo que no podría permitirse ninguna empresa, como es contratar servicios y después no pagar, sí lo está haciendo la Ciudad Autónoma.
Para pagar sus elevadas nóminas no hay problemas, incluidas las de aquellos que tienen dormidos en el "cajón de los sueños" esas facturas impagadas, pero para las empresas melillenses que sostienen el tejido productivo de nuestra ciudad y ofrecen servicios a la Ciudad, para esas no hay dinero.
Se trata ya de una situación extrema, en la que algunas de esas empresas se ven incluso en la grave situación de no poder pagar las nóminas de sus trabajadores, después de muchos esfuerzos en todo este tiempo, en las que se han solicitado préstamos e hipotecado sus bienes para no perjudicar a sus empleados y que no sean ellos los que paguen los incumplimientos de la Administración a la hora de abonar sus facturas. Pero la resistencia de las empresas es cada vez menor, debido a una situación de impasse que lleva alargándose durante estos últimos años y que literalmente está asfixiando a la gran mayoría de los proveedores del Ayuntamiento.
El Gobierno de Melilla, con su presidente Juan José Imbroda a la cabeza, pasando por su nueva consejera de Hacienda, Esther Donoso, y por último por los funcionarios que tienen responsabilidad y en ocasiones más peso que el propio Ejecutivo, deben poner de su parte para pagar de una vez lo que se debe, ni más ni menos.
En cualquier transacción, lo que se contrata después se tiene que pagar. Lo que no es de recibo es que se pidan servicios y después no se abonen. Nadie va al mercado a comprar un kilo de manzanas y después no paga. Esto que parece tan simple, sí lo hace la Ciudad Autónoma. Y lo trágico de ello es el perjuicio que está ocasionando a las empresas, esas empresas que tienen que crear y sostener empleo, y que por la falta de seriedad de la administración autonómica a la hora de hacer los pagos, se están viendo abocadas a no poder hacer frente a sus nóminas.
Esto no puede seguir por más tiempo así. Las palabras deben ir acompañadas de hechos y la Ciudad Autónoma tiene que poner fin a unos impagos que se llevan arrastrando años y que están poniendo al borde de la quiebra a muchas empresas que trabajan con la Ciudad Autónoma y a las que se aboca al precipicio, si esto continúa así.
