Es necesario que se garantice la presunción de inocencia a la que, teóricamente, tenemos derecho todos los ciudadanos en este país, erradicando de una vez por todas la afición que tienen algunos, cada vez más por desgracia, de actuar como justicieros con declaraciones públicas o comentarios en las redes sociales, ejerciendo como pseudojueces sin toga ni argumentos ni legitimidad España se levantaba ayer con la noticia de la muerte de la que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años, Rita Barberá, por un infarto. No fueron pocas las voces que inmediatamente después de lo sucedido relacionaban este desenlace con la presión pública que había sufrido la ex dirigente popular a raíz de las diferentes investigaciones y procedimientos judiciales en los que se ha visto implicado el PP valenciano. Ayer hubo quienes lo calificaron como «linchamiento mediático y político» y rechazaron la «pena de telediario» que, a su juicio, había sufrido Barberá en el último año. Uno de los que elevaron esa voz de protesta fue el portavoz del PP en la Asamblea de Melilla, Daniel Conesa, quien criticaba que «el derecho a la presunción de inocencia desapareció hace tiempo en España». Y puso como ejemplo Melilla, donde dijo que «sabemos mucho» de esos «linchamientos» por cómo los rivales políticos han tratado públicamente los procedimientos en los que se han visto inmersos dirigentes populares de nuestra ciudad, aunque la mayoría de ellos hayan sido archivados. Un caso muy claro fue el de Juan José Imbroda, cuyos procedimientos fueron sobreseídos, pero antes de que eso ocurriera hubo peticiones de responsabilidad por parte de algunos medios y, sobre todo, rivales políticos que querían a toda costa su cabeza para que ese fuera el fin de su carrera política en la antesala de unas elecciones autonómicas. El final de aquella historia ya lo conocemos: el caso se archivó, Imbroda repitió como cabeza de lista y ganó las elecciones, pero no sin antes soportar la denominada pena de telediario por parte de todo el mundo. Ahora lo estamos viendo también con el caso del consejero de Seguridad Ciudadana Isidoro González, para el que la oposición ha pedido en bloque su cese temporal cuando el juez ni siquiera se ha pronunciado.
El mensaje de Conesa refleja una idea que desde estas líneas llevamos tiempo difundiendo acerca de la necesidad de que se garantice la presunción de inocencia a la que, teóricamente, tenemos derecho todos los ciudadanos en este país, erradicando de una vez por todas la afición que tienen algunos, cada vez más por desgracia, de actuar como justicieros con declaraciones públicas o comentarios en las redes sociales, ejerciendo como pseudojueces sin toga ni argumentos ni legitimidad.
El derecho fundamental a la presunción de inocencia, que constituye uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho y aparece reflejado en el artículo 24 de la Constitución Española, es hoy por hoy uno de los más pisoteados cada día. Ello, a pesar de que es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en tratados internacionales. En teoría, solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción, pero nadie libra de la cascada de acusaciones políticas, mediáticas o sociales que, a modo de lapidación antecede a cualquier resolución judicial en este país, especialmente cuando se trata de personas con responsabilidad pública, destruyendo una presunción de inocencia que debería primar siempre.
