Más de 350.000 jóvenes españoles han emigrado entre 2009 y 2016, la mayor parte de los cuales se ha trasladado a Reino Unido, Holanda y Alemania, países que captaron el 85% del exilio juvenil en este periodo. Se trata de una salida motivada, en la mayoría de los casos, por la búsqueda de empleo. Dos tercios de los jóvenes que abandonaron España lo hicieron con los estudios ya terminados, es decir, en busca de un empleo y sin tener claro el tiempo que pasarían en el extranjero: la emigración se supedita a la mejora de la situación económica española, de la que tienen una visión negativa.
Cuando uno de nuestros jóvenes universitarios se va a trabajar a Holanda, a Francia o a Alemania, no solo se lleva la decepción de no encontrar empleo en su país o la tristeza de alejarse de sus amigos y su familia. También, se va con una formación que ha costado pagar decenas de miles de euros y que generará riqueza y prosperidad en otro país que ya no será España. Educar a un médico, por ejemplo, le cuesta al Estado entre 150.000 y 200.000 euros según los sindicatos. En los últimos tres años, cerca de 5.000 médicos españoles han emigrado.
Ante este drama, los responsables debieran pedir perdón y poner, desde hoy mismo, los medios para revertir la situación. Si consideramos los miles de millones que este gobierno de la corrupción ha regalado a los bancos (más de cien mil millones desde las primeras fusiones), el rescate de las autopistas y el dinero que nos chulean las eléctricas, las empresas energéticas y la oligarquía del sistema, juntamente a la necesidad de actuar sobre la gran bolsa de fraude fiscal o sobre la economía sumergida, hubiera habido dinero suficiente para que la investigación española, la sanidad pública, la enseñanza, la universidad, las nuevas inversiones, las nuevas tecnologías, la economía de las renovables hubieran podido dar múltiples soluciones para evitar la emigración de nuestros jóvenes.
Hasta ahora, el gobierno impresentable que hemos tenido ha tratado este grave problema con subterfugios como la ministra Báñez, que calificó de «movilidad exterior» a la fuga de talentos; como la Secretaria de Estado para la Emigración, Marina del Corral, que achacó el éxodo de los jóvenes a su «espíritu aventurero»; o como la irrefrenable Esperanza Aguirre, que aseguró que la fuga de jóvenes es «motivo de orgullo». Y es lo que volvió a decir el vicesecretario general del PP -el mismo que en las elecciones del 2011 prometió tres millones y medio de puestos de trabajo-, Esteban González Pons: «no podemos decir que trabajar en la UE sea trabajar en el extranjero». Ahora mismo, es una incógnita saber si todos estos profesionales cualificados regresarán o no, algún día, a España. Si miramos el estudio publicado por la empresa holandesa Randstad, quizás sería bueno para el país que regresaran. Y es que dicho informe asegura que en 2020 faltarán en España 1,9 millones de trabajadores altamente cualificados.
Una de nuestras prioridades ha de pasar por trabajar en pos de políticas que favorezcan un nuevo modelo económico, social y ambiental, que reduzca el consumo global de recursos naturales y energéticos no renovables, y que se fundamente en un reequilibrio más justo de la producción y la riqueza, la soberanía y seguridad alimentaria y unas relaciones internacionales solidarias fundamentadas en la paz y el desarme. Queremos que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de volver y pensamos que no hay futuro si no contamos con la generación más preparada de nuestra historia para construir nuestro presente.
