El director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla, se ha remitido este viernes 13 de enero al comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Española (CEE) tras la reapertura de la investigación de la muerte de 15 migrantes en la playa ceutí del Tarajal en 2014 cuando intentaban cruzar a territorio español desde Marruecos.
“No queremos acostumbrarnos”, decía entonces la nota firmada por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, CONFER y Justicia y Paz, en la que señalaban su disconformidad ante “la escasa voluntad política por esclarecer sucesos, como el caso de El Tarajal, en los que han perdido su vida seres humanos que escapaban de la violencia o las condiciones de miseria”.
Los firmantes, en nombre también de la Iglesia en Marruecos, no quieren tampoco ‘acostumbrarse’ a “la puesta en práctica de extrañas figuras jurídicas que intentan defender expulsiones injustificables, como la disposición adicional introducida en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende legalizar las expulsiones sumarias” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.
“Remitirnos a los comunicados que en su día se hicieron”, ha manifestado Pinilla en el marco de la presentación de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2017 en la sede de la CEE, que se celebrará este domingo 15 de enero bajo el lema ‘Menores migrantes vulnerables y sin voz. Reto y Esperanza’.
Por su parte, el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, ha reiterado que “no pueden existir devoluciones sumarias y protección de los derechos humanos, y mucho menos cuando son devoluciones de grupo”, porque, desde su punto de vista, es “imposible conocer las demandas de esas personas”.
“¿Cómo vamos a saber si estás personas eran demandantes de refugio, de asilo o de protección internacional? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se puede saber si eran o no eran menores? Nunca hemos hablado de que no deba haber una política de movimientos migratorios, pero evidentemente no pueden ser contradictorias con las políticas de protección los Derechos Humanos”, ha explicado Mora.
