Lo importante, afirma el periodista, es si la noticia es cierta o no. Por ejemplo, si yo escribo que quemaron, por encargo, mi coche a la puerta de mi casa dos días después de haber publicado este periódico un artículo sobre un funcionario público que ha hecho mucho daño a muchos melillenses, eso es una noticia cierta, absolutamente cierta. Yo no afirmo, ni niego (porque no lo sé), que haya una relación de causa-efecto entre la aparición de la noticia y la quema del coche, sólo digo, y lo repito, que así sucedieron las cosas en el tiempo, porque así sucedieron.
¿Tiene derecho a defender su honor una persona que ha delinquido y/o que ha dañado gravemente a muchas personas inocentes? Aún admitiendo que la distancia entre el Derecho y la Justicia es, o puede estar siendo, cada vez mayor, lo que parece lógico es que una persona sobre la que se escribe de algo que es cierto, demostradamente cierto, no debería ser judicialmente atendido en sus denuncias en defensa de su presuntamente dañado honor. Eso es tan cierto como que la inmensa mayoría de los jueces admiten a trámite la inmensa mayoría de esas denuncias, atascando aún más los ya atascados juzgados y dilatando hasta cerca del infinito el final de los procesos, o sea, convirtiendo la Justicia en algo tan lento que, como todo el mundo afirma, ya no es Justicia.
A un periodista muy conocido y muy controvertido, Federico Jiménez Losantos, un juez le acaba de dar la razón, desestimando la demanda que un alto funcionario público había interpuesto contra él por presunto delito contra su honor (el del funcionario, no el de Federico). Lo importante, afirma el periodista, es si la noticia es cierta o no. Por ejemplo, si yo escribo que quemaron, por encargo, mi coche a la puerta de mi casa dos días después de haber publicado este periódico un artículo sobre un funcionario público que ha hecho mucho daño a muchos melillenses, eso es una noticia cierta, absolutamente cierta. Yo no afirmo, ni niego (porque no lo sé), que haya una relación de causa-efecto entre la aparición de la noticia y la quema del coche, sólo digo, y lo repito, que así sucedieron las cosas en el tiempo, porque así sucedieron. Y eso no lo va cambiar ningún funcionario público por mucho que, vía su pareja abogada o a través de quien sea, presente denuncia tras denuncia en el juzgado por presunto atentado contra su honor.
A una persona muy bien pagada, que trabajaba muy poco y muy mal, al que sus subordinados no podían aguantar, en el que no se podía confiar, que parecía ser buena persona y leal pero que en realidad era/es mala y desleal, sus superiores se vieron forzados, tras comunicárselo amigablemente, a prescindir de sus servicios, que previamente habían contratado a pesar de las advertencias de sus anteriores jefes. Una vez cesado y a pesar de sus promesas de que jamás haría nada contra la sociedad que le contrató y aguantó, el individuo denuncia a la sociedad y el tribunal laboral, como es desgraciadamente habitual en España y con todos los agravantes judiciales y humanos que se puedan imaginar, dicta sentencia a favor del trabajador (cuyo confesado único interés es ser colocado en la administración pública, cobrando mucho y trabajando muy poco, si es imprescindible, o nada, preferiblemente) con una interpretación de la actual legislación laboral que prefiero no calificar. Una injusticia clamorosa y lamentable, en cualquier caso.
Ni las grandes empresas, las de más de 250 trabajadores, ni las pequeñas y medianas, han/hemos utilizado la reforma laboral para despedir a trabajadores, y mucho menos a los que funcionan bien, ni para bajar sus salarios. Al contrario, como dice Juan Ramón Rallo en uno de sus libros, "desde que se aprobó la reforma laboral las empresas han creado más empleo y han aumentado los salarios", y especialmente lo han hecho las grandes compañías. "La reforma laboral -concluye Rallo- ha beneficiado esencialmente a las empresas más débiles y más necesitadas de reajustes, es decir, a las pymes", y el economista apoya esa afirmación con multitud de datos. Pero los tribunales laborales españoles, con escasas y valiosas excepciones, siguen interpretando la ley laboral como se hacía en la dictadura, como lo haría cualquier país totalitario. Además, la legislación laboral española, en materia de despidos, privilegia a los llamados insiders (trabajadores con contrato indefinido y que llevan muchos años en la empresa) y daña a los outsiders (trabajadores con contrato temporal), con lo cual, al no poder despedir a los insiders por improductivos que pudieran ser, se dificulta aún más la solución al grave problema del paro. Ellos, los actuales tribunales laborales españoles, son, en gran medida y con sus interpretaciones decimonónicas de la legislación, los responsables de que las empresas -que son las únicas que pueden crear empleo- no puedan crearlo (al no poder pagar el despido de los insiders improductivos), y, como consecuencia, que no se reduzca al nivel deseable el altísimo tanto por ciento de parados que hay en España. Sentencias como las que comentaba en el párrafo anterior destrozan el interés empresarial y muy especialmente el de aquéllos que, como yo y en el caso mencionado, trabajamos sin cobrar, por hacer un favor a la comunidad en la que vivimos.
Coincido con los economistas que aseguran que el problema español, económico y social, no está en la disminución de la demanda agregada (el valor de los bienes y servicios finales consumidos e invertidos por el sector público o por el sector privado, durante un año), sino en una oferta que tiene (y especialmente tenía) que reconvertirse. Para eso es necesaria una inversión que modernice nuestro aparato productivo, y "para estimular la inversión se necesita un clima de libertad económica y de estabilidad macroeconómica, donde invertir vuelva a ser atractivo para los empresarios" (Juan Ramón Rallo).
La creación de "ese clima de libertad económica" es necesaria en España y especialmente imprescindible en Melilla que, repito un vez más, tiene grandes posibilidades de desarrollarse, junto con su entorno marroquí. Ese clima, que en resumen es la privatización de la intervenida, anquilosada, judicializada y gubernamentalizada actual economía melillense, es el primer paso que hay que dar en nuestra ciudad para salir del marasmo y atender a las necesidades de una población de composición muy diferente a la de hace unos años. Para empezar a materializar ese cambio es por lo que resaltaba, en mi Carta anterior, la fecha del 23 de este mes, como el signo del inicio de un cambio más que imprescindible. Un cambio que también necesita el de la actitud, retrógrada, injusta y dañina, de muchos (no de todos, por supuesto) de los tribunales de justicia, especialmente los penales y los laborales.
Posdata. Leo en El periódico de Melilla, MELILLA HOY, que Juan José Imbroda ha anunciado su decisión de presentarse, por tercera vez, a la presidencia del su partido, el PP, en Melilla. No dudo de que, como se han precipitado a anunciar muchos de sus compañeros de gobierno, Imbroda será reelegido, pero sí me permito dudar de que, como el presidente asegura, "la bicefalia en los partidos políticos no funciona". O sí, diría yo, como la experiencia demuestra en muchos casos. Porque, además, la bicefalia, un presidente del partido que no coincida con el presidente del gobierno de la Ciudad, no tiene por qué ir contra la "unidad de criterio", como dice Imbroda. También puede favorecer esa unidad, vía un mejor criterio aplicado en dos niveles distintos y complementarios.
