La valla de Melilla ha sufrido decenas de intentos de entrada en los últimos años, pero si hay uno que es y será recordado por mucho tiempo es el del 15 de octubre de 2014 por la enorme tensión que generó entre inmigrantes y guardias civiles, y también entre el Gobierno y el resto de partidos y asociaciones de derechos humanos durante los días sucesivos. Fue uno de los tres intentos de entrada que varias ONG llevaron ante la Justicia por la actuación de los agentes -y posteriormente archivados-. La Justicia de nuevo tendrá que decidir porque el sargento de la Guardia Civil Eduardo Lozano, al que un inmigrante tiró desde lo alto de la alambrada en aquel salto masivo, ha recurrido ante un tribunal para que el Cuerpo al que pertenece le dé una mayor recompensa de la que le ha concedido al considerar que su actuación conllevó “un ineludible riesgo de perder la vida”.
La defensa del sargento Eduardo Lozano está orquestada por la letrada Sara Isabel Jiménez Alonso, como directora del Servicio Jurídico de la Asociación Profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (Ases-GC), y con despacho profesional denominado Lexpania Abogados y Mediadores, especializado en Derecho Militar y Policial. Según ha explicado a MELILLA HOY la abogada, la reclamación se ha realizado a través de un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid. En él, este sargento de la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) de la Benemérita muestra su desacuerdo con la distinción que le fue concedida por su actuación ante aquel intento de entrada, la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil.
“No estamos de acuerdo, consideramos que se le debe distinguir con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, que es pensionada”, explica la defensa del sargento Lozano antes de recordar que existen otros casos similares, e incluso de menor entidad, en los que se ha concedido esa recompensa.
Por ello, una vez agotada la vía administrativa tras la publicación de la concesión de la Cruz de Plata para el sargento Eduardo Lozano, su defensa ha presentado un recurso contencioso administrativo para obtener una recompensa mayor.
“El riesgo para la integridad física del sargento existió claramente, al rociarlo con gasolina, por la altura de la caída de la valla tras la agresión, y por los dos intentos de apuñalamiento recibidos, todo ello unido a que le escupieron sangre al grito de ébola, con el riesgo de contraer enfermedades contagiosas que ello pudo conllevar”, apunta la defensa en su recurso.
Una labor “humanitaria”
Así, recuerda que en el intento de entrada del 15 de octubre de 2014, los 140 inmigrantes subsaharianos que trataron de entrar de forma “no controlada” en el territorio nacional mostraron “gran agresividad lanzando objetos”. “Consiguieron vulnerar la valla exterior por medio de garfios, ganchos y otros utensilios para eludir la malla antitrepa”, rememora el recurso.
Uno de los inmigrantes dio una patada al sargento cuando estaban encaramados en la valla, provocando la caída del guardia civil. Aquello le provocó una conmoción cerebral por la que tuvo que ingresar en el hospital, además de hematomas en el rostro.
También sufrió “un aplastamiento de un disco intervertebral, así como el agravamiento de una lesión antigua a la altura de la cadera y del fémur, por la que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente para reconstruir fémur y cadera, ya que no podía realizar vida cotidiana con normalidad por los dolores en dicha zona”.
La defensa del sargento alega en su recurso que la actuación que llevó a cabo en la valla “en todo momento fue humanitaria, y en concreto, cuando estuvo encaramado a la valla, lo que hizo fue arriesgar su propia vida por salvaguardar la de los inmigrantes”.
Concesión “arbitraria”
Por todas estas razones, muestra su desacuerdo con la distinción concedida, ya que “el servicio comprendió un ineludible riesgo de perder la vida, ejecutando para su cumplimiento, acciones claramente demostrativas de extraordinario valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro, conforme se requiere para la concesión de la Cruz con distintivo rojo”.
El sargento considera que la concesión la Cruz de Plata es “arbitraria” y “atenta contra el principio de legalidad atendiendo a los criterios constitucionales consagrados en los artículos 9.3 y 9.1 de nuestra Carta Magna”.
Según la defensa la Justicia tiene ahora hasta tres años para resolver, aunque considera que en menos de un año podría haber una sentencia sobre este caso.
