No es descabellado poner limitaciones a las ayudas y establecer unas condiciones de formación cuando eso es lo que hace el Estado también con las prestaciones por desempleo, por ejemplo. Hay que trabajar en esa dirección, porque la ayuda real no es el ingreso mensual, sino guiar hacia la salida del túnel La Ciudad Autónoma ha anunciado su intención de tomar una medida que, a buen seguro, causará polémica y discrepancias entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, CpM. Nos referimos a la limitación temporal de las ayudas que concede la Consejería de Bienestar Social, que quiere evitar de esta manera que las prestaciones puedan convertirse en «un modo de vida». Decía esta semana el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que el reglamento que su departamento está elaborando recoge esta limitación entre las novedades respecto al que está en vigor desde 2002, y que es necesario por varias razones. Entre ellas, impedir la quiebra del sistema de prestaciones, y ayudar a las familias desfavorecidas a acceder al mercado laboral.
Ambos motivos parecen justificados y muy razonables. No en vano, el crecimiento demográfico que ha sufrido Melilla en esta última década ha obligado también a hacer un mayor esfuerzo en la concesión de ayudas, en las que la Ciudad Autónoma desembolsó el año pasado cerca de 9,6 millones de euros sólo en prestaciones concedidas por Bienestar Social, sin contar el resto que gestionan otras consejerías. Es mucho dinero, alrededor de 1.600 millones de las antiguas pesetas para quien aún se maneje en aquella moneda, como hace en sus afirmaciones públicas el líder cepemista, Mustafa Aberchán. El incremento ha sido notorio, no sólo por el aumento de población, sino también por la reciente crisis económica, que ha elevado la partida de prestaciones básicas para la inclusión social de los 1.540.000 euros que se destinaban en 2009, a los más de 5,2 millones de euros de 2016.
Con estas cifras tan altas, es lógico que la Ciudad Autónoma hable de que puede haber una quiebra del sistema de prestaciones si no se toman medidas, máxime cuando la tendencia de la población melillense seguirá en auge en los próximos años, tal y como indican organismos europeos, que sitúan a Melilla como una de las regiones de la UE que mayor aumento demográfico tendrán a medio plazo.
Y decíamos que es lógico que se establezcan limitaciones a las prestaciones porque éstas deben ser consideradas como una ayuda de la Administración y no como una obligación, que es lo hace una parte mínima de sus beneficiarios que no se esfuerzan en buscar una salida a su situación. Lo decía la semana pasada la consejera de Hacienda, Esther Donoso, cuando afirmó en la Asamblea que hay ciudadanos que rechazan un empleo porque no les compensa perder las ayudas que reciben. Eso es algo que no se puede consentir haciendo ver que las prestaciones deben ser compensadas por un esfuerzo del que las recibe por buscarse un futuro mejor para sí mismo y su familia, porque eso significará también un desarrollo para la ciudad y la sociedad en su conjunto, que es la que sufraga esas prestaciones para ayudar y no para que sean un modus vivendi. No es descabellado poner esas limitaciones y establecer unas condiciones de formación cuando eso es lo que hace el Estado también con las prestaciones por desempleo, por ejemplo. Hay que trabajar en esa dirección, porque la ayuda real no es el ingreso mensual, sino guiar hacia la salida del túnel.
