Dos jóvenes han sido acusados por presunta falsificación documental, al haber supuestamente intercambiado matrículas de vehículos, para posteriormente pasarlos hasta Marruecos. El Juzgado de lo Penal nº 2 acogió ayer el juicio en el que no fueron pocas las cuestiones previas que se presentaron al respecto de la investigación que desarrolló la Policía Local y que según los letrados llegaría a vulnerar el derecho fundamental a la defensa. Todo comenzó cuando un joven fue interceptado por la Policía Local con un vehículo que no contaba con un seguro de conducción en vigor, por lo que incautó el coche y lo llevaron al desguace hasta que pagara la sanción correspondiente. Dos jóvenes han sido acusados por presunta falsificación documental, al haber supuestamente intercambiado matrículas de vehículos, para posteriormente pasarlos hasta Marruecos.
El Juzgado de lo Penal nº 2 acogió ayer el juicio en el que no fueron pocas las cuestiones previas que se presentaron al respecto de la investigación que desarrolló la Policía Local y que según los letrados llegaría a vulnerar el derecho fundamental a la defensa.
Todo comenzó cuando un joven fue interceptado por la Policía Local con un vehículo que no contaba con un seguro de conducción en vigor, por lo que incautó el coche y lo llevaron al desguace hasta que pagara la sanción correspondiente.
Sin embargo, los agentes, según indicaron durante la vista, realizaron un primer registro en presencia del conductor del vehículo encontrando una bolsa con placas de matrícula en la parte trasera del coche, así como en el asiento del copiloto.
En el momento de la sanción, por la ausencia de seguro, no revelaron nada a los afectados a este respecto sobre las sospechas que recaían sobre ambos hasta que fueron a declarar como testigos a Jefatura.
Aún así, los agentes elevaron un parte interno al grupo de investigación correspondiente quien procedió a realizar una "inspección ocular y un reportaje fotográfico" al desaguace que, en esta ocasión, no contó con la presencia de los afectados.
También los agentes, solicitaron un oficio a diversas instituciones previa a su imputación, entre ellas, a la Guardia Civil para visionar los vehículos en la frontera, localizando así una de las matrículas encontradas en el vehículo. A este respecto, el abogado de la defensa de uno de ellos cuestionó el reportaje de la Guardia Civil que se adjuntó al atestado dado que en ninguna de las imágenes se podía ver a la vez el vehículo y la matrícula, aunque por separado sí que parece que usarían dichas matrículas para pasar vehículos hasta Marruecos.
Las defensas también aquejan que cuando se les llamó como testigos no lo hicieran como imputados para poder contar con asistencia letrada, dado que ya tenían las sospechas suficientes de que podían incurrir en un delito de falsificación.
En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el Ministerio Público se ratificó en su escrito de acusación en el que pedía dos años de prisión para cada uno de ellos y es que señala que dichas alegaciones se deberían haber realizado en la fase de instrucción.
