Las Federaciones Autonómicas de Ciclismo y Triatlón, así como sus homólogas nacionales, a raíz del fallecimiento ayer del ciclista melillense Carlos Huelin García por un vehículo cuando circulaban por la calle Méjico de Cabrerizas, han pedido a los grupos parlamentarios que quien cometa una infracción a una norma de tráfico y cause daños a personas, ha de pagarlo y el estado ha de defender a la víctima con todos sus recursos. El documento, firmado por Fco. Javier Guillot Rodríguez, Presidente Federación Melillense de Triatlón, ha solicitado a dichos grupos que transmitan a la sociedad un mensaje claro de que la vida es sagrada, y que por encima de los intereses comerciales están las personas. En la nota prensa piden a los distintos Grupos Parlamentarios en el Congreso que unan sus fuerzas para promover una reforma del Código Penal que contemple como supuesto penal la imprudencia en la conducción en cualquiera de sus grados cuando a consecuencia de ella exista resultado de muerte o lesiones.
Estas dos federaciones deportivas de Melilla piden además que se introduzca un nuevo supuesto penal independiente de la omisión del deber de socorro, cual es huir o darse a la fuga cuando se ha provocado un accidente, que acarree incluso penas de prisión efectivas en los supuestos de existir heridos y/o fallecidos.
Las Federaciones Autonómicas de Ciclismo y Triatlón, así como sus homólogas nacionales, sensibilizadas con el colectivo de todos los ciclistas, deportivos, cicloturistas o usuarios normales de las vías públicas, quieren transmitir su honda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra su colectivo. "No solo porque estamos a merced de que los vehículos a motor circulen con respeto hacia nuestra integridad física, sino porque cuando ocurre un accidente las víctimas se encuentran desamparadas por unas normas que no les defienden" aseguran. Así han explicado que tras la despenalización de las faltas de imprudencia en julio de 2015, "las víctimas han de someterse a un calvario para poder reclamar sus indemnizaciones y además, quien causa el accidente en la inmensa mayoría de los supuestos, queda impune".
Denuncian que se convierte en la lucha de David contra Goliat, "en la que las aseguradoras poseen todos los medios materiales y humanos a su disposición frente a la debilidad de las víctimas vulnerables, quienes muchas veces no tienen los medios, las fuerzas ni el tiempo para hacer valer unos derechos cada vez más mermados".
Desamparados
En este sentido, han admitido que "tras un año y medio del cambio del Código Penal hemos constatado como compañeros accidentados han tenido que plegarse a las aseguradoras porque los juzgados de la jurisdicción penal han archivado las causas por considerar que el atropello que ha causado fallecidos o lesionados no es un supuesto de responsabilidad penal, aún siendo culpa del conductor del vehículo a motor y a causa de una infracción a las normas de tráfico en contra del ciclista".
Asimismo, han señalado que esa situación se ve agravada incluso cuando el causante del accidente se da a la fuga tras el atropello, "algo que desgraciadamente ocurre con bastante frecuencia y que en la inmensa mayoría de los supuestos sale gratis a quien abandona el lugar del hecho, o bien porque el accidentado puede ser socorrido por terceras personas, o porque la víctima muere en el acto". "El Código Penal no contempla que en ese caso el desalmado que huye tenga algún reproche en forma de pena" concluye.
