El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado esta semana una Proposición de Ley de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
El representante de la Gestora del PSOE Francisco Vizcaíno ponía en valor esta iniciativa con la que los socialistas pretenden que se cree "un mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio".
"La dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas", explicó el socialista, que recordó que se trata del tercer intento del PSOE para sacar adelante una ley de igualdad de trato, después de que el PP impidiera tramitarla tanto en la anterior legislatura como en el año 2012.
"Los socialistas no abandonamos el compromiso con la igualdad", ha dejado claro Vizcaíno, que ha explicado que la proposición promueve la eliminación de prácticas sociales discriminatorias y de "los obstáculos que impiden que las personas ejerzan los derechos que tienen reconocidos en las leyes y, además, da prioridad a la mediación y a la conciliación".
El socialista ha declarado que se trata de una ley de garantías, es decir, que no pretende reconocer nuevos derechos, sino garantizar los que ya existen. "Estamos hablando de una ley de derechos antidiscriminatorios; no es para colectivos específicos, sino para las mayorías porque cualquiera somos susceptibles de sufrir discriminación", expuso.
Prevención y reparación
Tal y como explicó Francisco Vizcaíno, la ley pretende actuar en dos ámbitos: la prevención y la eliminación de toda forma de discriminación. Y también en la reparación del daño a las víctimas, por lo que busca dar impulso a políticas de igualdad de trato, coordinar las diferentes administraciones públicas en esta materia, establecer un sistema de colaboración con la sociedad civil, todo ello enfocado a favorecer la corresponsabilidad social y empresarial ante la discriminación.
"No es una ley punitiva, sino que se sirve de sanciones administrativas, ya que establece régimen de sanciones proporcionado, razonable y que permite una compensación real a las víctimas de discriminación", expuso Vizcaíno.
En el ámbito de la educación, manifiesta de manera clara que no podrán beneficiarse quienes apliquen medidas segregadoras. En la sanidad, no pueden quedar fuera de tratamientos sanitarios quienes tengan discapacidad o enfermedades concurrentes.
