Los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado han firmado este lunes 27 de marzo un documento en el que propone revisar y reformar los protocolos vigentes para mejorar tanto la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos, como la detección temprana para evitar las agresiones.
El acuerdo contempla que el presidente de la Cámara Alta traslade el documento a su homólogo del Congreso de los Diputados para incluir su contenido en los trabajos que se están desarrollando en la Subcomisión sobre violencia de Género, a la Comisión de Igualdad del Senado para su inclusión en la ponencia sobre violencia de Género, así como a los gobiernos autonómicos y Ceuta y Melilla para su conocimiento.
El acuerdo contempla que el presidente de la Cámara Alta traslade el documento a su homólogo del Congreso de los Diputados para incluir su contenido en los trabajos que se están desarrollando en la Subcomisión sobre violencia de Género, a la Comisión de Igualdad del Senado para su inclusión en la ponencia sobre violencia de Género, así como a los gobiernos autonómicos y Ceuta y Melilla para su conocimiento.
Los grupos del Senado destacan en el acuerdo la necesidad de "garantizar el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas en todos los niveles, especialmente en la administración local por ser la más cercana a los ciudadanos".
El acuerdorecoge esta y otras propuestas para ser incorporadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que destaca la adaptación de la legislación reguladora en esta materia a las normas del Convenio de Estambul, así como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de forma que el concepto de violencia de género "se adecue a lo establecido" en la citada regulación internacional.
Asimismo, los grupos parlamentarios en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado abogan en el texto por impulsar la acción de los Servicios de Atención a las víctimas y de la Fiscalía para garantizar la aplicación de la Ley, "como la suspensión del régimen de visitas de los maltratadores y la atribución al agresor condenado por violencia machista de la guardia, régimen de visitas y custodia expulsiva o compartida".
Otras de las propuestas de los grupos políticos es la de abordar el problema de la "doble discriminación que sufren las mujeres", y especialmente las mayores de 65 años y las del mundo rural, que se encuentran en situaciones de "especial vulnerabilidad para defenderse del agresor, y experimentan mayores dificultades para identificar, expresar y denunciar" situaciones de maltrato.
Igualmente, apuestan por impulsar políticas de prevención y sensibilización en el caso de mujeres con discapacidad o diversidad funcional para "dar plenitud al ejercicio de sus derechos" ya que, según explican en el documento, son "doblemente discriminadas" por ser mujeres y tener alguna discapacidad. En este punto, también quieren elaborar un estudio para disponer "de mejor información" acerca del impacto de la violencia de género en estas mujeres.
Por otro lado, creen necesario "continuar avanzando" en la interconexión de los sistemas de información de la Administración estatal y las territoriales en materia de igualdad y de violencia de género, con el objetivo de un mayor número de elementos en la valoración del riesgo y en la prevención.
