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La iniciativa se empezó a impulsar desde finales del pasado año por parte del Colegio de Educadores Sociales

Casi 200 melillenses de Educación Social se suman a la campaña nacional para pedir una ley que regule la profesión

jueves 13 de abril de 2017, 23:15h
El Consejo General de Colegios de Educadores Sociales (CGCEES) empezó esta campaña el pasado mes de diciembre
El Consejo General de Colegios de Educadores Sociales (CGCEES) empezó esta campaña el pasado mes de diciembre
Como coordinadora del grado de Educación Social de la Facultad de Educación y Humanidades, Ana María Fernández Bartolomé, ha hecho entrega en la Delegación de Gobierno de unas 184 firmas para reclamar una ley que regule la profesión del educador social sumándose así a la campaña impulsada por el Colegio de Educadores Sociales.
La coordinadora del grado de Educación Social de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Granada en Melilla, Ana Marín Fernández Bartolomé, ha hecho entrega de casi 200 firmas de alumnos del centro para reclamar una ley que regule la profesión del educador social.

Con estas firmas, Melilla se une a la campaña a nivel nacional impulsada por el Consejo General de Educadores Sociales para que se articule una ley en el Congreso de los Diputados que vertebre y evite el intrusismo laboral que a día de hoy se produce en esta profesión.

La campaña pretende que el Ministerio de Sanidad inicie los trabajos para elaborar una ley junto a los actores sociales y definir los ámbitos de actuación, el ejercicio de la profesión y la necesidad de colegiación obligatoria.

Bajo la etiqueta '#Porunaleydeeducaciónsocial' los estudiantes de Educación Social se han sumado a esta campaña en redes sociales en diversos puntos del Estado y con esta entrega de firmas, Melilla suma su apoyo a la iniciativa.

Motivos
Según la institución colegial la educación social es "es imprescindible para abordar determinadas necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas".

Por otro lado, indican que esta profesión "consiste en el proceso de búsqueda y mejora de algunas ocupaciones (en un contexto geográfico determinado, bajo condicionantes sociales, culturales, políticos y económicos específicos) que se recorren para cualificarse cuantitativa y cualitativamente, dotándose de recursos que indicarían el grado de estabilización".

Además, apuntan a la necesidad de esta ley para que el grupo profesional, permita de forma regulada, el autocontrol de sus miembros por parte del colectivo profesional, esto es, los colegios profesionales.

Apoyos
La iniciativa está recibiendo apoyos en diferentes puntos del estado y precisamente a inicios de esta semana el PSOE de Ceuta se posicionó a favor del desarrollo de esta normativa con el fin de "reconocer y vertebrar" la profesión.

Es por ello, que anunciaron que el Grupo Socialista en la Asamblea de Ceuta presentarán una propuesta para que la ciudad hermana se sume como institución a esta petición.