Después de que Caballas, MdyC y PSOE hayan pedido públicamente que se destituya a los dos consejeros no electos que el Gobierno ha nombrado, desde el Ejecutivo han defendido esta decisión advirtiendo de que tanto Kissy Chandiramani como Javier Celaya seguirán en las consejerías a las que llegaron hace poco más de un mes. A través de un comunicado, el Gobierno ha anunciado que seguirá defendiendo la posibilidad de nombrar miembros del mismo que no tengan la condición de diputados. Esta defensa, señalan desde la Ciudad, “está basada en el Reglamento de la Asamblea; en un pronunciamiento del Consejo de Estado de julio de 2016, que trata de manera expresa y clara el asunto; y en el asesoramiento recibido por parte de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, todo ello al amparo de lo recogido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.
Esta defensa, puntualizan, “no significa que el Gobierno de la Ciudad no acate y respete las sentencias judiciales”. “Las acata y respeta siempre, y este caso no constituye una excepción por dos razones”, aseguran desde el Ejecutivo. La primera razón que esgrimen es que, en relación con el mismo asunto, existen pronunciamientos judiciales de distinto signo. La segunda, que la sentencia que ha suscitado las manifestaciones de los grupos de la oposición no se refiere a los dos consejeros no electos, sino que hace referencia al nombramiento específico de una viceconsejera que ya no ejerce como tal, Adelaida Álvarez. De hecho, apostillan, el Gobierno de la Ciudad ya no tiene viceconsejeros.
Elevar la cuestión al TS
En todo caso, y para que este asunto quede definitivamente clarificado, en vía judicial, el Gobierno tiene la intención de elevar la cuestión al Tribunal Supremo, por la vía procedimental que resulte pertinente. Y es que, desde el Ejecutivo no quieren enfrentarse a este debate recurrente con cada nombramiento que lleven a cabo.
El Gobierno considera que la posición adoptada por los grupos de la oposición “marca una clara diferencia entre las formaciones que defienden que Ceuta es nada más que un ayuntamiento de régimen común y quienes, como es el caso del Gobierno de la Ciudad y del grupo que lo sustenta, el Partido Popular, defendemos que Ceuta es, al mismo tiempo, una entidad local y autonómica”. Esto, recuerdan desde el Ejecutivo, supone que la administración “tiene competencias que no tienen los ayuntamientos; participa en órganos del Estado donde no están las entidades locales, como son la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los Consejos Sectoriales; y recibe recursos del sistema de financiación autonómica”.
Por último, el Gobierno insiste en que defenderá el estatus de Ceuta ante todas las instancias competentes, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, “en beneficio de los ceutíes y de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de Melilla”.
