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La Ciudad Autónoma incumple la Ley al tardar 88,21 días en pagar a los proveedores

Arriba, el primer informe disponible en la web de la Ciudad Autónoma, del tercer trimestre de 2014. Abajo, el último, de dos años después

Hace unos años, el presidente Juan José Imbroda presumía de liderar uno de los gobiernos autonómicos que tardaban menos en pagar las facturas a sus proveedores. Hoy no puede decir lo mismo a juzgar por los informes del Periodo Medio de Pago a Proveedores, que la propia Ciudad Autónoma tiene colgados en su página web. El último es del tercer trimestre de 2016, en el que la Administración local bate todos los récords de retrasos en afrontar sus deudas con las empresas que trabajan para ella: 88,21 días de media, casi el triple del plazo máximo de 30 días que la Ley establece para que las Administraciones Públicas paguen a sus proveedores. El último informe de pago a proveedores que la Ciudad Autónoma tiene colgado en su página web es del tercer trimestre de 2016. En él se establece que el periodo medio de la Ciudad Autónoma de Melilla para pagar a es de 88,21 días. Está muy alejado de la media de tardanza que tenía la Administración melillense en el primer informe de los nueve que tiene colgados en su web, que corresponde al tercer trimestre de 2014, que era de 15,32 días. Dicho de otro modo, la Ciudad Autónoma pagaba en ese último informe casi seis veces más tarde de lo que lo hacía dos años antes.

Esos 88,21 días de periodo medio del tercer trimestre de 2016 es el peor dato, con mucha diferencia, desde que la Ciudad Autónoma empezó a difundir sus informes sobre pago a proveedores. No hay más que observar los nueve disponibles para comprobarlo.

De los 15,32 días que tardaba en el tercer trimestre de 2014, aumentó en el cuarto a 21,43 días. El año siguiente, 2015, estuvo lleno de altibajos: en el primer trimestre siguió subiendo respecto al periodo anterior, con 31,53 días, en el segundo bajó a 29,83 días, en el tercero volvió a subir a 53,57 días, y en el cuarto bajó ligeramente a 47,15 días. En 2016 se produjeron los mayores retrasos, a pesar de empezar el año con bajada, registrando en el primer trimestre una tardanza de 44,23 días, para después empezar una escalada que le llevó a 52,23 días en el segundo trimestre, y los 88,21 del tercero.

En sus informes, la Ciudad Autónoma ofrece un cuadro detallado por entidades, en el que algunos de los organismos autónomos se revelan como morosos con mayúsculas. El que más es la Fundación Melilla Monumental, presidida por Francisco Javier Calderón, que paga en un plazo medio de 266,27 días. Las empresas que trabajan para ella tienen que esperar casi nueve meses para cobrar, muy por encima de los 30 días que establece la Ley. Pero no es la única que lo hace. El Instituto de las Culturas, que preside Paz Velázquez, tarda 174,60 días. El Patronato de Turismo, paga en una media de 91,22 días. Y la Ciudad Autónoma, que abarca el Gobierno con sus consejerías, 86,99 días.

Todas estas entidades sobrepasan por mucho lo que dice la Ley, que fija desde 2013 unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios.

El resto de CC.AA.

Los retrasos en los pagos de la Ciudad Autónoma no son generalizados en el resto de comunidades autónomas. Según el último informe que ha publicado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente al mes de enero de 2017, el periodo medio de pago global se ha reducido en 4,01 días, que supone una disminución del 13,61% con respecto al mes anterior, como consecuencia del descenso de 20,07 días en la ratio de las operaciones pagadas y del incremento de 9,90 días en la ratio de operaciones pendientes de pago.

Respecto a las comunidades que superan los plazos máximos legales de pago, el Ministerio de Hacienda señala que deben diferenciarse aquellas comunidades que han superado el plazo máximo legal de 30 días previsto en la normativa sobre morosidad de aquellas otras que superan el plazo máximo de 60 días previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), momento a partir del cual y tras mantenerse dicha situación durante los plazos previstos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública comienza a aplicar los efectos y medidas contempladas en la normativa de referencia.

Así, se encuentran por encima del plazo máximo de 30 días Illes Balears (31,98), Canarias (32,49), Cantabria (52,23), Cataluña (31,25), Región de Murcia (59,39) y Comunidad Valenciana (44,30). En relación con los datos del mes de diciembre destaca que la Región de Murcia reduce su Periodo Medio de Pago (PMP) por debajo de 60 días. Asimismo, Canarias y Cataluña superan los 30 días. Ninguna comunidad autónoma supera el plazo de 60 días.

Términos técnicos
La Ratio de las operaciones pagadas se corresponde con el plazo de pago de las operaciones abonadas en el mes, computado dicho plazo desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada de la factura correspondiente en el registro administrativo o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material. En el caso de las comunidades autónomas, esta ratio es de 16,89 días. En el de la Ciudad Autónoma de Melilla, en su último informe, correspondiente al tercer trimestre de 2016, era de 34,60, esto es, más del doble.

La Ratio de operaciones pendientes de pago refleja el plazo medio transcurrido en las facturas pendientes de pago desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada de la factura correspondiente en el registro administrativo o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del mes de referencia. En las comunidades autónomas es de 31,33 días. En la Ciudad Autónoma de Melilla se dispara hasta los 139,32.

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Redacción

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