Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) da la razón a una denuncia de UGT y anula el nombramiento de una viceconsejera no electa al entender que la Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene competencias de Gobierno autónomo sino de ente local. Contra esta sentencia cabe recurso y así lo hará el Gobierno que recurrirá al Tribunal Supremo al entender que "prevalece el derecho de los ceutíes a defender su autonomía".
El portavoz accidental del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Néstor García, insiste en que Ceuta no es un "simple ayuntamiento" sino una Autonomía, como así lo reconocen su Estatuto de Autonomía, el Reglamento de la Asamblea y un dictamen del Consejo de Estado de 2016, y por tanto con competencias suficientes para nombrar a consejeros no electos como cualquier Gobierno autónomo.
El Gobierno, según avisan, seguirá defendiendo la posibilidad de nombrar miembros que no tengan la condición de diputados, todo ello al amparo de lo recogido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. "Pero no se trata solo de nombrar consejeros o viceconsejeros, se trata de la Autonomía de la Ciudad, se trata de poder diferenciarnos de un ayuntamiento cualquiera, defiende García.
El Gobierno de Ceuta defiende que Ceuta es, "al mismo tiempo", una entidad local y autonómica y que, por tanto, tiene competencias que no tienen los ayuntamientos; participa en órganos del Estado donde no están las entidades locales, como son la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los Consejos Sectoriales; y recibe recursos del sistema de financiación autonómica.
