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El fiscal de Menores confirma que en Melilla se investigan “conductas puntuales” de personal de los centros de acogida

Instante en el que el fiscal general de Menores atendió a los medios de comunicación
(Autor: Guerrero)

El fiscal general de Menores, Javier Huete, confirmó ayer ante los medios que el órgano jurídico de Melilla ha detectado «conductas puntuales» de trabajadores en centros de acogida que podrían no haber cumplido con el «estándar del protocolo que está establecido», lo que ha dado lugar a que actualmente haya «procedimientos penales en marcha». Sin embargo, el responsable de la Fiscalía de Menores sostuvo que en la ciudad, más que denuncias por el trato a los menores extranjeros no acompañados, lo que hay son «afirmaciones en informes» que no aluden a hechos concretos, por lo que «en la gran mayoría de los casos no hay datos» que demuestren estas versiones. El máximo responsable de la Fiscalía de Menores, Javier Huete, fue una de las voces que ayer intervino en la segunda edición del seminario internacional sobre menores extranjeros no acompañados a través de las fronteras. Según confirmó el fiscal ante los medios de comunicación, en Melilla actualmente hay «procedimientos penales en marcha» por «conductas puntuales» de trabajadores de los centros de menores.
Al respecto, Huete explicó que, pese a que «continuamente se están revisando las actuaciones, protocolos y demás» en los centros de acogida, esto «no significa que no haya conductas puntuales de algún educador, trabajador o vigilante que se salga del estándar del protocolo que está establecido». Ante estos hechos, aclaró que la Fiscalía de Menores «ha deducido testimonio» para investigar estos aspectos.

“Afirmaciones” inconcretas
No obstante, el fiscal general de Menores sostuvo que en Melilla, más que denuncias, «lo que se han presentado son muchas afirmaciones en informes». Según recalcó, estas afirmaciones carecen de concreción sobre hechos específicos. «Puedo asegurar que en la gran mayoría de los casos no hay datos para decir que eso sea así», agregó Huete.
En este aspecto, insistió en que cuando las organizaciones no gubernamentales señalan un hecho en concreto la Fiscalía de Menores sí que desarrolla una «investigación exhaustiva» en la que «se escucha a los menores que presuntamente hayan podido ser objeto de algún tipo de vejación», además de extender la indagación a los centros de acogida.

Menores en las calles
Según sostuvo Huete, el órgano judicial que coordina «no puede pedir un tratamiento distinto» para menores nacionales o extranjeros. Expuso que si un menor español vive en la calle y se ausenta del colegio, serán sus padres quienes tengan que depurar responsabilidades. Pero, en el caso de los niños y adolescentes extranjeros, tanto los que están acogidos como los que se resisten a vivir en los centros de acogida, no deja de ser la Administración su responsable.
«Cuando un menor no acompañado está en la calle, se comunica y se lleva al centro. Pero no son centros prisión, son centros abiertos de los que los menores se vuelven a escapar», subrayó el fiscal. De hecho, apuntó que, según datos de la Consejería de Bienestar Social, sólo en 2016 se produjeron «casi unos 6.000 ingresos en La Purísima» de menores que, en repetidas ocasiones, accedían al centro y luego se volvían a dar de baja del mismo.
En el caso de estos chicos, el fiscal declaró que «no se puede hacer otra cosa» que tratar de «hacer atractivo» para ellos el formarse y permanecer en el centro. «Cuando eso es imposible, no hay solución posible», dijo.
Asimismo, recordó el fiscal de menores que la Administración tiene que responder ante los posibles daños que sufra un menor extranjero del que tiene la tutela, aunque este permanezca en situación de calle. Sin embargo, aclaró que la entidad sería «responsable si no ha adoptado todas las medidas» para evitar el daño. En el caso contrario, «no le será imputable como un hecho delictivo», señaló, incidiendo en que no se le exigiría «responsabilidad penal».

Control en los centros
Según expuso Huete, el órgano jurídico actúa como garante de la legalidad y, en el caso de estos menores, se encarga de ejercer el control sobre la actividad que desarrolla la función administrativa. «La Consejería de Bienestar Social toma decisiones sobre la base de resoluciones», introdujo Huete, pero «el fiscal puede oponerse a esas resoluciones si considera que son contrarias a la integración del menor». En el caso de Melilla, el fiscal general de Menores aseguró que la Fiscalía realiza inspecciones periódicas en los centros de acogida.
Como siguió explicando, en el caso de que se aprecien irregularidades, se establecen comunicaciones con la propia Consejería para que estas sean corregidas. «Si en el curso de esas inspecciones se aprecian actos delictivos, el fiscal actúa como instructor en un procedimiento penal o dará cuenta a la Fiscalía de área de la Ciudad Autónoma para que lo tramite a través del juzgado de instrucción correspondiente», aclaró.

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Irene Quirante

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