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Columna pública

Retrato de la corrupción en España

Para empezar, habría que definir qué se entiende por corrupción, un concepto que engloba desde actos de degeneración moral hasta el intercambio de favores injustos o ilegales. De ahí la necesidad de discriminar si se quiere ser efectivo en atajar la corrupción. La corrupción que más preocupa socialmente es la mal llamada política. Esta consiste, a grandes rasgos, en el mal uso del poder público para conseguir ventajas ilegítimas. Ni la política ni el poder son en sí mismos corruptos; la primera, una noble actividad humana; y el segundo, una palanca indispensable para mover el mundo. El problema aparece cuando se relacionan ambos en un marco institucional desordenado o cuando la política y el poder lo detentan personas sin escrúpulos que los manipulan para sostener su estatus y riqueza.
La transparencia es el antídoto contra la corrupción, ya que el ciudadano conoce por qué, cómo, qué, cuánto y el cuándo de la acción institucional. La Corrupción Política tiene dos vertientes: el hecho objetivo calificable como cualquiera de los numerosos tipos de corrupción y la imagen que de ella se transmite a la sociedad. Para el tratamiento de la corrupción objetiva, es preciso promover normas y comportamientos que la limiten efectivamente. De hecho, en los Programas Electorales de las pasadas elecciones de todos los partidos se recogen un elenco bien estructurado de ellas, esperando la voluntad y fuerza necesarias para ponerlas en práctica.
Un buen ejemplo de cómo las reglas y actitudes que ordenan una actividad pueden ser plenamente eficaces para sofocar la corrupción es la Organización Nacional de Transplantes (ONT). Sus pormenorizados protocolos de actuación y sus participativos mecanismos de control hacen imposible que se produzcan fraudes o, ni tan siquiera, la más mínima arbitrariedad. La ONT es el corolario de cómo un sistema regulado puede llegar a ser un ejemplo mundial por su eficacia y limpieza. No veo razones para que estas prácticas no puedan funcionar en otras instituciones de poder hoy comprometidas. La clave es la institucionalización de procedimientos de actuación claros y mecanismos sencillos de participación que fomenten el diagnóstico y la sanción tempranos de los casos de corrupción.
La transparencia es el antídoto contra la corrupción, ya que el ciudadano conoce por qué, cómo, qué, cuánto y el cuándo de la acción institucional. Para ello, es preciso: una gestión pública que simplifique los procedimientos administrativos para hacerlos más comprensibles, una mayor participación pública en los partidos políticos que los haga más reconocibles como un instrumento al servicio de la sociedad y no como un fin en sí mismos y, también, unos medios de comunicación social que, dentro de su irrenunciable independencia, informen con la mayor objetividad posible
En 2015, España obtuvo una nota del entorno del seis sobre 10 en los índices de Transparencia Internacional, lo que corresponde al puesto 36º en una lista de 168 países, y al 15º de los 27 miembros de la Unión Europea. Para revertir estos datos, es preciso comprometer a toda la sociedad en un discurso cívico que vaya a la raíz del problema, que promueva la educación ciudadana e incorpore a todos los poderes del Estado moderno, incluido el llamado cuarto poder.
Según el Barómetro del CIS de mayo de 2016, 46,7 de cada 100 encuestados sitúan la corrupción entre los tres primeros problemas de España. Cabe preguntarse si esta grave opinión de los españoles sobre la corrupción ha sido la misma a lo largo del tiempo. Esta encuesta, que arranca en mayo de 1985, revela que los españoles no hemos percibido la corrupción como un problema hasta el año 1993. Esa tendencia se quiebra coincidiendo con la fortísima campaña del PP para acabar con la hegemonía gubernamental del Partido Socialista, por un lado, y con la guerra sucia emprendida por la Asociación de Periodistas Independientes, por otro. En esa legislatura, el barómetro detecta una explosiva subida, del 12,5 al 26,3%, en la percepción de la corrupción. Tras las elecciones del 96, que efectivamente perdió el PSOE, desciende la apreciación de la corrupción tan vertiginosamente como había subido, para reaparecer con relevancia mínima en 2012. Esa línea cambia radicalmente en enero de 2013, pasando los registros al entorno del 20%. Para seguir aumentando hasta el último dato registrado del 46,7%.

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