Un parlamentario marroquí cuyas iniciales serían S.R, con residencia española en Melilla, que ocupa varios cargos en las asambleas regionales y locales, además de un asiento en el Parlamento de Rabat, podría estar detrás del intento de pasar subsaharianos en camiones de construcción, como el ocurrido el 17 de mayo, según la información publicada ayer por el periódico digital "El Español". El medio que dirige Pedro J. Ramírez ha señalado que los dos chóferes permanecen detenidos por tráfico de personas a espera del próximo juicio, aplazado este lunes al 29 de mayo. Al conductor del camión que transportaba a los subsaharianos le interceptaron 21.000 euros en moneda local -dírham-. Su acompañante, que conducía un segundo vehículo de la misma compañía, y que supuestamente conocía la carga ilegal de su compañero pero no lo había denunciado, llevaba 5.000 euros también en dírhams.
Según el rotativo nacional, los vehículos fueron alquilados a nombre de un parlamentario marroquí del Movimiento Popular en la región de Nador. Precisamente, los migrantes habrían sido cargados en una cantera de grava propiedad de la familia del político en la carretera de la localidad Cabo de Agua.
El rotativo de difusión digital ha señalado que el parlamentario, residente en Melilla, dispone de vehículos propios, pero en esta ocasión necesitó alquilar algunos más para completar el pedido que le había realizado una empresa de hormigón de la familia Serón, muy conocida en la ciudad por sus trabajos en el sector de la construcción.
Cada inmigrante paga 3.500 euros
Marruecos, añade, abrió una investigación para conocer de cerca las actividades de este parlamentario marroquí porque todo señala a que su empresa podría estar implicada en trata de seres humanos. El político tiene antecedentes en Bélgica, además hace ocho años fue acusado por la Policía Judicial de Nador por tráfico de drogas, aunque no cumplió condena.
El caso está bajo secreto sumario, pero según pudo saber El Español, el chófer habría confesado en la comisaría que no se trata de la primera vez que se pasa por la frontera a personas escondidas en estos vehículos.
Los dos camiones, confiscados por el Fiscal General de Nador, permanecieron después de los hechos en el puesto fronterizo de Beni Enzar en Melilla, entre España y Marruecos.
Los migrantes fueron trasladados e interrogados a la comisaría de la provincia de Nador para conocer la trama y saber el precio que habrían pagado por pasar en el camión. El día de la detención no quisieron hablar a pesar de que varios policías les increparon con palabras como: "¿Vosotros no sois musulmanes? No podéis mentir porque sois musulmanes", según el vídeo grabado en la comisaría, que publica “El Español”. Sin embargo al día siguiente confesaron que habrían pagado cada uno 3.500 euros.
