El Defensor del Pueblo sostiene que la falta de coordinación entre Bienestar Social y la Delegación de Gobierno de Melilla está causando un grave perjuicio a los menores extranjeros tutelados que alcanzan la mayoría sin obtener la correspondiente documentación. Por este motivo, insiste a la Consejería para que cumpla con su obligación de instar la tramitación de la autorización de residencia de los menores. Así lo ha expuesto en respuesta a una queja presentada por Prodein. Al respecto, el consejero de Bienestar Social asegura que en la Consejería se cumple con la legislación y que, en todo caso, podrá haber "fallos administrativos", pero no "dejación de funciones". El Defensor del Pueblo ha emitido un comunicado en el que insta a Bienestar Social a que haga lo posible para que los menores extranjeros tutelados que cumplan la mayoría de edad obtengan su correspondiente documentación. En el documento recuerda a la Consejería que tiene que cumplir con sus "deberes legales", entre ellos, exigir a la Delegación del Gobierno la tramitación de la autorización de residencia de los menores.
El organismo nacional incide en que, como tutor legal, la Consejería tiene la "obligación" de sortear los obstáculos con los que pueda encontrarse el menor extranjero tutelado para que "conserve la documentación" que acredite su identidad y su situación en España. Así lo firma el adjunto primero del defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán.
De este modo responde el Defensor del Pueblo a una queja elevada por la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), presidida por José Palazón, ante los numerosos casos de menores que acceden a la mayoría sin que se les haya tramitado o concedido la residencia.
Graves perjuicios
"Esta institución ha podido constatar que la falta de obtención de residencia y de Tarjeta de Identidad de Extranjero supone graves perjuicios, que conllevan serias dificultades para que se les expidan sus tarjetas e, incluso, la imposibilidad de tenerlas cuando no cuentan con pasaporte", expone el Defensor del Pueblo al respecto.
"Muchos menores acceden a la mayoría sin que se les expida la tarjeta de identidad de extranjero durante su minoría de edad, pese a que tenían concedida autorización de residencia", agrega, apuntando como causante a la descoordinación entre la Delegación y los servicios de protección de menores.
“No hay dejación de funciones”
Tras conocer el informe del Defensor del Pueblo, el consejero Daniel Ventura quiso "dejar claro" que en la Consejería "no hay nadie con intención de hacer lo contrario a lo que marca la legislación". Asimismo, incidió en que conoce "perfectamente" las obligaciones que tiene como tutor legal de estos menores y en que, de hecho, ya se cumplen. "Se puede hablar de fallos administrativos, pero nunca de dejación de funciones", aseveró el consejero.
"Lo que no dice el Defensor del Pueblo es que desde la Consejería también le hemos pedido ayuda", se quejó Ventura. Explicó que ha elevado al organismo la situación "atípica" que vive Melilla debido a la presión migratoria que, según sus propias palabras, "tenemos con los MENA que llegan sin documentos, que se van como polizones e incumplen las normas". Al respecto, subrayó que esta presión la "sufren muchos ciudadanos que tienen una sensación de inseguridad bastante importante".
Certificado de penales
Al conocer el responsable de Bienestar Social que dicho escrito respondía a una queja de Prodein, puso de manifiesto que la asociación no dispone de ninguna autorización para trabajar con los menores tutelados. Señaló que, según marca la ley, el responsable de la ONG local tendría que hacer llegar a la Consejería el certificado de penales "para contrastar que esa persona no tenga ningún antecedente por abusos sexuales".
Por este motivo, instó a la asociación a cumplir con la legislación porque, en el caso contrario, la Consejería podría emprender acciones legales "o ponerlo en manos de la Fiscalía", como manifestó a este diario.
Derechos en juego
"¿Se puede seguir tolerando un desprecio y una ilegalidad así hacia las personas, y más hacia menores, en nuestra frontera?". Esta fue la pregunta que lanzó el fundador de Prodein a golpe de tuit tras recibir la respuesta del Defensor del Pueblo. De este modo, José Palazón señaló la necesidad de emprender acciones judiciales en defensa "de los derechos que están en juego".
