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El juicio de Alhucemas se convierte en una protesta contra la tortura

Miles de personas exigen en concentraciones y RRSS la liberación de Zafzafi y demás detenidos

El juicio abierto ayer contra 32 manifestantes rifeños en Alhucemas, en el norte de Marruecos, se ha convertido en una tribuna para defender las protestas que invaden la ciudad desde hace medio año y para denunciar la tortura a la que supuestamente fueron sometidos los procesados. El juicio se abrió en una ciudad que amaneció con un gran despliegue policial, visible sobre todo en la céntrica Plaza de los Mártires (denominación popular de la principal plaza), donde se alinean decenas de vehículos policiales que hacen continuas rondas por la ciudad. Una veintena de abogados, la gran mayoría de Alhucemas, se ofrecieron para defender de forma altruista a los detenidos, mientras en el interior y las afueras del Tribunal era evidente la presencia de un centenar de agentes de seguridad, de uniforme o de paisano.

Todos los letrados que tomaron la palabra solicitaron al Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas, donde se desarrolla el juicio, que persiga a todos los detenidos en libertad condicional, privilegio del que gozan solo siete de los procesados.

Los 32, todos ellos jóvenes varones, están perseguidos por delitos como “ultraje a las fuerzas públicas” “violencia hacia ellos con consecuencia de heridas premeditadas”, “desobediencia armada” o “destrucción de vehículos públicos”, según un comunicado publicado este lunes por el Procurador del Rey (fiscal).

Los abogados pidieron también que se realice una prueba médica a todos los detenidos para comprobar si fueron torturados por la policía después de que varios de ellos comparecieran ante la corte con heridas y moratones.

El letrado Mohamed Zian señaló que el proceso podría ser anulado si las pruebas médicas demuestran que fueron torturados.

Para los abogados de la defensa los procesados son “pobres víctimas” que se vieron obligados a protestar para luchar contra aquellos responsables que instrumentalizan el Estado y “saquean las riquezas” del país.

Otro abogado atribuyó la responsabilidad de los disturbios del pasado viernes a los servicios de seguridad porque lanzaron una redada de detenciones contra los dirigentes de las protestas, aunque estos habían mantenido el carácter pacífico de sus manifestaciones durante siete meses.

El hermano de un detenido, que pidió el anonimato, dijo que su pariente y la mayoría de los arrestados fueron detenidos por la policía en redadas indiscriminadas en las calles de la ciudad y no tienen relación con los disturbios.

Naser Zafzafi
En cuanto al líder de las protestas, Naser Zafzafi, detenido en la madrugada del lunes, está incomunicado en la sede de la Policía Judicial de Casablanca, acompañado por una veintena de compañeros que forman la cúpula del llamado Movimiento Popular.

Las circunstancias de la detención de Zafzafi no se han hecho públicas, pero la aparición de unas fotografías en las que se ve al propio detenido y a otros compañeros encapuchados, esposados y saliendo de un helicóptero para entrar en un furgón policial, y que supuestamente han sido filtradas por la policía, han suscitado numerosas críticas.

También han sido muy criticadas otras fotografías salidas del teléfono personal de Zafzafi en las que se le ve en bañador en un barco de recreo, en compañía de amigos y amigas, o con una lata de cerveza en la mano, imágenes ambas que pueden chocar en una sociedad conservadora como la rifeña.

El equipo de abogados que defenderá a Zafzafi va a estar coordinado por Rachid Belali, y por el momento no han podido entrar en contacto con él por permanecer incomunicado: la ley marroquí permite un periodo de 48 horas de incomunicación, prorrogable en dos ocasiones.

Por eso mismo, no se conoce todavía cuáles serán los cargos que se apliquen al líder rifeño, y concretamente si incluirán cargos por “atentar contra la seguridad interior del Estado”, que lleva aparejadas penas muy duras, o se limitarán solo a castigar su interrupción del rezo en una mezquita el pasado viernes, delito que le puede costar hasta tres años de cárcel.

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Redacción

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