Elena Arce, técnica en la oficina del Defensor del Pueblo, sostiene que todavía hay mucho que mejorar en materia de protección internacional. Según expuso ayer en unas jornadas sobre el asilo en España, el Gobierno no ha sabido adaptarse a la llegada de extranjeros que pertenecen a colectivos más vulnerables: niños, refugiados, víctimas de trata o personas LGTB. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Javier Galparsoro recordó que España sólo ha acogido al 7,5 por ciento de refugiados que prometió, es decir, a 886 personas frente a las 17.000 que contempla el acuerdo. La Administración no ha sabido adaptarse al aumento exponencial de solicitantes de asilo que se produjo en 2015, año en el que se registraron más de 6.000 peticiones de protección internacional en Melilla. Así lo expuso ayer Elena Arce, asesora especializada en el área de inmigración en la oficina del Defensor del Pueblo. La letrada intervino en una jornada centrada que se centró el asilo en España y se desarrolló en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, enmarcada en la Cátedra Fernando de los Ríos.
Según explicó Arce, el número de solicitudes de asilo que había en el año 2013 no se ajustaba a la población extranjera que había en el país, sino que estaba muy por debajo de lo que se podía esperar. Pero en este año, en el que había registradas en total 381 peticiones en total, la tendencia comenzó a cambiar. Este aumento conllevó la necesidad de adaptar los sistemas de acogida, algo que, como plasmó el Defensor del Pueblo en el informe de 2016 'El asilo en España: La protección internacional y los recursos del sistema de acogida', no se supo hacer con la necesaria rapidez que exigía la situación.
Respuestas urgentes
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), por ejemplo, sólo disponía de 900 plazas en 2013, como apuntó la abogada, por lo que eran necesarias medidas de urgencia para dar cabida al número de solicitantes de asilo, muy superior a lo que permitía acoger el centro. "La Administración no supo ser lo suficientemente rápida", recordó Arce.
“No nos han hecho mucho caso”
La asesora aseguró que, pese a las 26 recomendaciones que plasmó el organismo en su trabajo, "por ahora no nos han hecho mucho caso". No obstante, Arce no pierde la esperanza de que el informe sirva para que en un futuro no muy lejano el sistema español "se dimensione a esta realidad y el procedimiento de acogida a los solicitantes de asilo sea más garantista".
Apuntó también la técnica de la oficina del Defensor del Pueblo que, aunque se pueda percibir que España acoge a un elevado número de demandantes de protección internacional, en ningún caso se puede hablar de "desbordamiento" si se comparan los datos con los de otros países, como Grecia e Italia.
Es una crisis de Europa
"La crisis no la tienen las personas refugiadas, la tienen los países de la Unión Europea", así de contundente se manifestó ayer Javier Galparsoro, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El ponente lamentó la "vergonzosa" política que está llevando a cabo el continente en materia de asilo y que se materializa en la "no acogida" a los refugiados, pese a que Europa se comprometió a reubicar a 160.000 personas antes del 1 de septiembre de este año.
En España sólo se ha acogido al 7,5 por ciento de los refugiados que el Gobierno de la Nación se prometió. Según los datos aportados por Galparsoro, 886 personas ya han sido reubicadas en el país y otras 418 reasentadas. Esto supone que España todavía tiene que acoger 16.033 refugiados para cumplir con su compromiso.
Un derecho “incondicional”
Por su parte, el representante de CEAR reclamó a las autoridades melillenses y a la sociedad civil que respeten el derecho que tiene cualquier persona a reclamar la protección internacional. "Si hay grandes dificultades e impedimentos para que las personas puedan acceder a la oficina de asilo, o porque tengan que saltar una valla, evidentemente se está poniendo un obstáculo al derecho incondicional de que las personas que se sientan perseguidas puedan pedir esa protección", subrayó. Al respecto, Galparsoro recordó que las personas que llegan a la ciudad en busca de asilo lo hacen porque tienen que "elegir entre un ataúd y una maleta".
