El llamado caso ‘voto por correos’ ya ha llegado a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla. Nueve años después de que se iniciaran las investigaciones ha tenido lugar la primera sesión de las cuestiones previas, fase preliminar del proceso en la que los abogados y las acusaciones pudieron plantear sus alegaciones. Los letrados de los tres principales acusados, Mustafa Aberchán, Dionisio Muñoz y Gregorio Escobar, reclamaron ayer el libre sobreseimiento de sus representados. En el caso del líder cepemista, la defensa solicitó la invalidez de la declaración sobre la que se sustenta la acusación del diputado. Han pasado nueve años desde que en 2008 comenzaran las investigaciones por la presunta compra de votos que, posteriormente, cobraron forma con la acusación de una treintena de miembros de Coalición por Melilla y PSOE. Tras una larga demora judicial, 28 procesados en el conocido caso ‘voto por correos’ tomaron asiento ayer en el banquillo de los acusados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Federico Morales.
Ayer comenzó el trámite de las cuestiones previas. Se trata de una fase preliminar del proceso en la que las defensas y las acusaciones pueden plantear alegaciones sobre las pruebas propuestas o solicitar la posible nulidad de las actuaciones por una vulneración de derechos fundamentales. Tras esta primera sesión, las cuestiones previas continuarán el próximo día 28.
El letrado de Aberchán pide el sobreseimiento
El primer procesado que pasó a la sala fue Mustafa Aberchán. La Fiscalía considera que el presidente de Coalición por Melilla fue uno de los principales cabecillas del presunto “entramado orientado a la captación ilegal del voto”. Se le acusa de cometer tres delitos electorales continuados por contravenir los artículos 139, 140 y 146 de la LOREG, uno de falsedad, uno de malversación de caudales públicos, y uno de asociación ilícita.
Sin embargo, al parecer de su letrado, Rachid Mohamed, la causa se encuentra completamente «contaminada». Esto es así porque, según expuso, la acusación de Aberchán y de otros miembros de la formación se sustenta en las declaraciones prestadas en fase de instrucción por Nordin Abdel lah Chadli, principal testigo de cargo.
Como puso de manifiesto el abogado, Nordin declaró en cinco ocasiones como testigo, pese a que ya existían indicios para que fuese investigado en el procedimiento, como posteriormente ocurrió. «Esto vulnera el derecho fundamental de todos los acusados», sostuvo Mohamed.
Nulidad de las actuaciones
El abogado cree que la versión de Nordin no habría sido la misma si desde el principio se le hubiese llamado a declarar en calidad de acusado. «Su declaración como testigo contamina la causa», sentenció. Por ello, pidió la nulidad de su testimonio. En este punto, lamentó que las intervenciones telefónicas que llevaron a cabo en el seno de la investigación se basaron precisamente en la declaración de este procesado.
Para el letrado también resulta reseñable que la denuncia que motivó el inicio del este procedimiento, formulada por Javier Lence como representante de la campaña del Partido Popular, luego guardara «poca conexión» con el contenido de las declaraciones prestadas en la fase de instrucción.
Entre otros puntos, Mohamed señaló la casualidad de que el juez instructor hubiera llamado a prestar declaración a su representado Aberchán en fechas de campañas y precampañas electorales por esta y otras causas. Recordó el letrado que las penas solicitadas en el caso del ‘voto por correo’ saltaron a los medios locales y nacionales a tan sólo una semana de los comicios autonómicos del año 2015, perjudicando a la formación en los resultados electorales.
Por otro lado, el defensor lamentó que las penas solicitadas por la fiscal tomen como referencia la legislación del año 2011, mientras que los presuntos hechos delictivos se produjeron en 2008, antes de que se hicieran modificaciones en el ordenamiento jurídico. Lo que ahora se condena con penas de varios años de prisión, antes hubiera sido castigado con multas, manifestó Mohamed.
Por todo lo expuesto anteriormente, el abogado solicitó el sobreseimiento libre de sus representados, entre los que se encuentra Mustafa Aberchán. Cabe recordar que, por contraposición, la Fiscalía reclama para el líder de Coalición por Melilla 27 años de prisión, 50 de inhabilitación y una multa que ronda los 60.000 euros.
Defensa de Dionisio Muñoz
El otro gran responsable de la operación, siempre según el Ministerio Público, es el ex secretario general del PSOE en Melilla, Dionisio Muñoz. De hecho, la pena que se le pide es calcada a la del cepemista.
El letrado que le representa es José Miguel Pérez Pérez. Durante su turno pidió la nulidad de la reapertura del procedimiento que se produjo en el año 2009, ya que, hasta entonces, se encontraba sobreseído desde el año 2008.
Asimismo, apuntó a que uno de los autos del año 2009 se basaba en la denuncia que presentó Lence en representación del PP. Sin embargo, desde el mismo partido señalaron en el año 2014 que no se habían personado en la causa como acusación particular.
Por ello, Pérez insistió en que la reapertura del procedimiento se había llevado a cabo de forma indebida, motivo por el que, a su parecer, no se le tendría que dar validez.
El letrado coincidió con Mohamed al incidir en que las penas solicitadas para sus clientes se corresponden con la legislación del año 2011, mientras que se les tendría que haber aplicado la que había en el año 2008, cuando comenzaron a investigarse los hechos.
Gregorio Escobar, la tercera parte ‘clave’
El Ministerio Público asiente en su escrito de acusación que la participación del entonces delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, fue «decisiva» para que se ejecutara la compra votos a cambio de puestos de trabajo para melillenses parados de larga duración.
Como señaló Martín Reyes, abogado de Escobar, su defendido está procesado por malversación de fondos públicos ya que, presuntamente, desvió cantidades económicas para compensar a las personas que hubieran votado el pacto PSOE-CPM.
Sin embargo, recordó que en septiembre del año 2013 se dictó un auto de sobreseimiento por el que su cliente quedaba absuelto de todos los cargos.
En este punto subrayó que dicho auto no había sido recurrido por ninguna de las partes. «Eso equivale a una sentencia absolutoria», sentenció.
Para el que fuera delegado del Gobierno del Partido Socialista y portavoz en la Asamblea de Melilla, Gregorio Escobar, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel y 20 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, y prevaricación.
