La Fiscalía de Área de Melilla ha reclamado a la Delegación del Gobierno una mayor celeridad en la tramitación de la residencia de los menores inmigrantes acogidos por la Ciudad Autónoma, “especialmente en el caso de menores que se encuentran próximos a cumplir la mayoría de edad”. Según explica el Defensor del Pueblo en un informe de respuesta a la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDH), esta petición de la Fiscalía de Área a la Delegación del Gobierno se produce tras “las irregularidades detectadas en la tramitación de la documentación de los menores tutelados”. Bienestar Social dice que tramita la documentación según la normativa. La Fiscalía también ha pedido a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma que tome las medidas necesarias para dar cobertura al elevado número de menores acogidos en el Centro de la Purísima, que según dicho organismo, duplica la capacidad de las instalaciones.
Asimismo, solicita información sobre los menores ingresados en cada uno de los módulos y sobre el número de ellos pendientes de realizar pruebas de determinación de la edad y de obtener su documentación, indicando el tiempo que llevan ingresados en el centro y los motivos de la falta de tramitación, así como información relativa a su escolarización.
La Fiscalía de Área estuvo visitando el centro el 3 de marzo, e incide en la sobreocupación de las instalaciones y su mal estado de conservación, en el arreglo de los pozos negros, en la escolarización y en la formación de los internos, así como en la determinación de la edad de los menores indocumentados y en la tramitación de su documentación.
Aguas fecales
Algunas de estas cuestiones son admitidas por la Consejería de Bienestar Social, entre ellas la sobreocupación del centro de menores, que está al doble de su capacidad, y las obras que están pendientes de hacer para mejorar las deficiencias que presenta La Purísima. Una de ellas, “la situación de los pozos ciegos del centro, que pueden poner en riesgo la salud de los menores y del personal del centro por las enfermedades transmitidas por las aguas fecales que rebosan, con independencia de los malos olores que soportan”. Ya se ha hecho un contrato de refuerzo y apoyo para el vaciado de las fosas sépticas, pero “la solución definitiva supone realizar obras de canalización y conexión con la red de alcantarillado de la Ciudad Autónoma, que están en fase de estudio”.
Bienestar Social: La documentación, según la norma
En cambio, Bienestar Social discrepa sobre otras cuestiones, como las acusaciones de irregularidad en la tramitación de la residencia. La Consejería ha respondido al Defensor del Pueblo que la documentación de los menores “se realiza en la forma establecida por la normativa, solicitando permiso de residencia y cédula de inscripción antes de los tres meses, siempre y cuando se haya determinado la edad del menor” mediante unas pruebas médicas que pueden tardar varias semanas en dar los resultados.
En este sentido, respecto a la demora en la reseña y la determinación de la edad de los menores, Bienestar Social señala que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no identifican a los menores antes de su ingreso en los centros de protección, “pese a lo previsto en el Protocolo Marco de MENA”.
Por ello, los servicios de protección son los que, a posteriori, contactan con la Policía y la Fiscalía para hacer estas pruebas médicas “en caso de encontrarse indocumentados”, pero la citación no se realiza de forma automática, “sino que, al parecer, por falta de personal, se ejecutan a demanda de la Policía”.
“Los interesados pueden permanecer semanas internos en los centros, sin que hayan sido reseñados”, asegura Bienestar Social.
En cuanto a la escolarización de los menores, Bienestar Social la solicita en cuanto queda determinada su edad. El Defensor del Pueblo recuerda que la Ciudad Autónoma no tiene asumidas competencias en materia educativa, por lo que el organismo competente en la asignación del centro escolar correspondiente es la Dirección Provincial de Educación de Melilla.
Los niños de la calle
Según el Defensor del Pueblo, Bienestar Social no informa, sin embargo, sobre los trámites realizados para contratar educadores de calle que trabajen con los menores que pernoctan en las calles por su rechazo a ingresar en los centros de protección, así como sobre el resto de medidas adoptadas para su protección e integración.
Bienestar Social dice que la mayoría de estos menores “presentan graves problemas de drogadicción y crean gran inseguridad en la ciudadanía provocando continuas altas y bajas en los centros de protección”. Su finalidad, insiste la consejería, es “embarcar en algunos de los buques que se dirigen a la Península, poniendo en grave peligro su integridad”.
El Defensor del Pueblo ha pedido a la Consejería de Bienestar Social de Melilla y al Ministerio Fiscal que continúen informando sobre las actuaciones que se realicen “para solventar dichas irregularidades”.
Convenios con CCAA
También ha iniciado actuaciones con la Secretaría General de Inmigración y Emigración sobre la posibilidad de adoptar lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000 para establecer convenios con entidades dedicadas a la protección de menores y con otras Comunidades Autónomas para asumir su tutela y custodia, “a fin de garantizar unas mejores condiciones de integración”.
