Ayer prestaron declaración los primeros testigos del 'Caso Abogados'. Quien fuera interventor accidental entre diciembre de 2012 y septiembre de 2014 sostuvo que nunca dudó de la legalidad de los contratos menores realizados por la Consejería de Bienestar Social a los letrados externos de la Administración. Según explicó, era consciente de que estaban a la espera de que se les concedieran las plazas que habían solicitado en la Relación de Puestos de Trabajo. "A quien habría que tirar de la oreja es a Administraciones Públicas", valoró. Declararon también la secretaria técnica que firmó expedientes cuando estaba en la Consejería como sustituta y un letrado del Servicio Jurídico de la CAM. Los primeros testigos del 'Caso Abogados' desfilaron ayer por la sala de la Audiencia Provincial. El que fuera interventor accidental entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014; la secretaria técnica de Seguridad Ciudadana, quien sustituía en vacaciones o bajas a su homólogo de Bienestar Social; y uno de los letrados del Servicio Jurídico de la Ciudad Autónoma de Melilla respondieron a las preguntas planteadas por la fiscal, las defensas y por la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla, personada en esta causa como acusación popular.
El interventor accidental afirmó que durante el tiempo que ostentó el cargo realizó reparos de legalidad de contratos menores de otras Consejerías, pero no en la de Bienestar Social. A su parecer, aunque el objeto de los contratos de los letrados externos de la Administración fuese el mismo, lo que habría es que estudiar las necesidades que pretendían cubrirse. Por ese motivo, el testigo fue tajante al apuntar que no considera que se haya producido fraccionamiento del contrato. Pudo haber un "fraccionamiento formal, pero no real", apuntó.
En este sentido, subrayó que le constaba que desde la Consejería llevaban años esperando a que salieran las plazas públicas de los jurídicos. "A quien habría que tirar de las orejas es a Administraciones Públicas por no sacar esos puestos", insistió. A su parecer, si se hubiesen hecho contratos mayores en vez de menores se podría haber dado lugar a una duplicidad del gasto público, ya que la Consejería estaba a la espera de que se concedieran las plazas de los letrados.
Expuso que lo que se exigía desde Intervención para dar el visto bueno a esos contratos es que fueran acompañados de un informe de legalidad y de necesidad. El órgano del que él se hizo responsable durante algo menos de dos años no hacía fiscalización previa de los contratos menores, sino posterior a través de muestreo, señaló.
Por su parte, aclaró a ALA Melilla que durante ese tiempo no hubo ninguna bolsa de trabajo de jurídicos debido a que no se hicieron oposiciones. Asimismo, respondió a la acusación popular que los letrados acusados "perfectamente" pudieron ostentar sus cargos tras dejar sus currículums en la Consejería de Bienestar Social.
La advertencia
Quien fuese interventor accidental puntualizó en el juicio que sólo en una ocasión "comentó" a la secretaria técnica de la Consejería que tendría que optar los contratos mayores para los letrados. Esto fue así porque la ley presupuestaria de 2013 no admitía más contrataciones en plantilla, recordó. "Lo comenté, pero no hubo un escrito formal", dijo.
Respondiendo a ALA Melilla el ex interventor afirmó que no le parecía extraño que en el negociado sin publicidad en el que se ofertaba la oferta de los contratos mayores de los juristas se reclamasen requisitos tales como diez años de experiencia o cinco años de asistencia a la Administración. Al parecer del testigo, son requisitos de solvencia que entran dentro de la normalidad.
“¿Usted sabe algo?”
La secretaria técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana firmó algunos de los expedientes de los letrados antes de que fueran remitidos a Intervención. Como aclaró, ella sustituye a su homólogo de Bienestar Social en épocas de vacaciones o de bajas. Afirmó que los ordenanzas traían los expedientes y ella se limitaba a firmarlos tras comprobar que se ajustaban al derecho.
Después de contestar en varias ocasiones que no sabía responder a lo que le estaban preguntando, el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 perdió la paciencia y reprendió a la testigo: "¿Usted sabe algo o no sabe nada? Si firma un expediente, tendrá que saber lo que firma".
Según la secretaria técnica, desconocía el trabajo concreto para el que eran contratados los cuatro juristas, pese a que firmó los expedientes para la elaboración los contratos. "Yo miraba si tenían los papeles que se les requería", apuntó ella. En todo caso, insistió en que nunca hubiese firmado dichos documentos si hubiese notado alguna anomalía.
Entender las necesidades
El letrado de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma expuso que su departamento depende exclusivamente de Presidencia y que entre sus funciones se encuentra la elaboración de informes a petición del presidente, el Consejo de Gobierno o el Pleno de la Asamblea. También se encarga de representar a la Ciudad en los juzgados.
La fiscal preguntó al abogado si veía correcto que la Consejería de Bienestar Social hubiera contratado durante trece años a cuatro letrados mediante la fórmula del contrato menor. Al respecto, el jurista valoró que, al margen del mecanismo de contratación, habría que entender las necesidades que tenían que quedar cubiertas mediante esos contratos.
Asimismo, incidió en que los Servicios Jurídicos de la CAM no habrían podido atender al volumen de trabajo de Bienestar Social porque se habría desatendido las funciones que tienen encomendadas.
Por otro lado, el letrado incidió en que es el jefe de los servicios jurídicos quien puede responder si en alguna ocasión se solicitó por parte de la Consejería que el servicio de la CAM se hiciera cargo de los asuntos para los que fueron contratados los cuatro letrados externos de la Administración.
Próximas sesiones: lunes y jueves de la semana que viene
El juicio por el 'Caso Abogados' continuará el próximo lunes a las 10.30 horas. En la siguiente sesión serán llamados a declarar dos agentes de la Guardia Civil y la funcionaria que dejó de estar investigada tras producirse la prescripción del presunto delito de prevaricación administrativa. Se prevé que el próximo jueves terminen de declarar los testigos del caso. Según se expuso en la sala, si el jueves concluyeran todas las declaraciones, el viernes podría ser el turno de la presentación de las conclusiones, por lo que el procedimiento quedaría visto para dictar sentencia. También sería el día en el que los trece acusados del presunto delito continuado de prevaricación administrativa, entre los que se encuentra la ex consejera de Bienestar Social María Antonia Garbín, ocho funcionarios de la Consejería y cuatro letrados externos a la Administración, pudieran hacer uso del derecho a la última palabra antes de que se cierre el procedimiento oral.
