La Audiencia Provincial de Almería enjuicia a partir de este lunes a una red de narcotráfico integrada por nueve personas acusadas de intentar alijar más de dos toneladas de hachís en febrero de 2011 en el litoral de Adra (Almería), para lo que contaron presuntamente con la colaboración de un agente de la Guardia Civil que les habría facilitado «información precisa» sobre el funcionamiento del SIVE, la forma de actuación y los turnos de guardia de las unidades encargadas de la represión del narcotráfico. Uno de los acusados, J.T.L.R., prestaba «apoyo permanente» y se desplazaba al centro penitenciario de El Acebuche «fuera de horas de visita y a diario prácticamente para entrevistarse con el cabecilla de la red, J.R.C., conocido por el alias de ‘Pepe el del brillante», «llegando incluso a viajar a Melilla y desde allí a Nador y a Tánger para negociar directamente con los proveedores de la sustancia.
‘Pepe el del brillante’ habría organizado la operación desde el centro penitenciario de El Acebuche, donde se encontraba cumpliendo condena por un delito contra la salud pública, con el apoyo desde fuera de un tercer acusado, J.T.L.R., «cuya ayuda permanente necesitaba para la exteriorización de todos sus propósitos delictivos».
El fiscal interesa en su escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, penas de 13 años de prisión para el líder del grupo y su lugarteniente, E.G.G., por presuntos delitos contra la salud pública con la agravante de reincidencia, y cohecho mientras que para J.T.L.R. pide cinco años y seis meses de cárcel por el primero de los delitos.
En el caso del agente de la Guardia Civil, J.S.S., solicita que se le imponga la pena de diez años de cárcel como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de cohecho, al margen de una multa de 15 meses a razón de 18 euros al día por un delito de revelación del información reservada.
Según relata el Ministerio Público, los tres primeros acusados, en verano de 2010, planificaron presuntamente como miembros de «entramado delictivo» la introducción en España procedente de Marruecos de un cargamento de hachís mediante el uso de barcos de recreo, pesqueros o lanchas rápidas para su posterior traslado a Europa en camiones de gran tonelaje.
Así, J.R.C. y E.G.G. habrían organizado la infraestructura personal y material, se habrían encargado de pagar y recibir la ilícita mercancía, de disponer de lo necesario para su transporte hasta el lugar de depósito, de procurar los medios para custodiarla hasta su comercializacion y de abonar las cantidades de dinero pactadas a transportistas y descargadores.
El acusado J.M.M. estaba «plenamente integrado en el entramado delictivo» y encargado, según el fiscal, de la preparación de la infraestructura personal y de medios materiales necesaria para el transporte de la droga hasta el litoral almeriense, donde «debería ser descargada por las personas que él debía reclutar para la organización». Él se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y seis meses de prisión como supuesto autor de un delito contra la salud pública.
