La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-Melilla (FeSMC-UGT) se concentró ayer frente al Palacio de la Asamblea para reclamar “un convenio digno” para el sector de la seguridad privada, que en nuestra ciudad emplea a unas 400 personas. En declaraciones a los periodistas, el secretario general de la FeSMC-UGT, José Luis Faus, lamentó la precariedad que sufre el sector de la seguridad privada, y acusó a la patronal, que es “reacia” a que los derechos laborales de los trabajadores avancen “y quieren que retrocedan”.
“Nos obligan a salir a la calle y a la lucha”, afirmó Faus señalando no sólo a las empresas, sino también a sus clientes, entre las que se encuentran administraciones públicas. Algunas de ellas, lamentó el dirigente ugetista, permiten que se incumpla el convenio estatal con los trabajadores.
El caso del Ministerio de Defensa
Se refirió al caso concreto del Ministerio de Defensa, que tiene contratada a una empresa de seguridad privada, la cual “está pagando unos 600 euros menos por debajo del convenio estatal”, incumpliendo dos sentencias de la Audiencia Nacional al respecto, una de 2016 y otra de este año.
“No sé cómo la administración militar no hace que esta empresa cumpla con la sentencia de la Audiencia Nacional declarando nulo este convenio”, dijo Faus, que reclamó que las empresas de seguridad privada que quieran trabajar en Melilla deben regirse por el convenio estatal y abonar las bonificaciones fiscales.
En la actualidad, todas menos dos empresas abonan estas bonificaciones que, como puntualizó Faus, no supone “un sobrecoste” para las empresas, pues éstas se están beneficiando de un 50% de reducciones fiscales a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Rosario Álamo, responsable del sector de Limpieza y Seguridad de la FeSMC, dijo que lo que el sindicato pretende es la negociación de un convenio “digno y sin retrocesos” para impedir lo que está ocurriendo, y es que en los últimos 10 años sólo se ha subido 10 euros el sueldo base de los agentes de seguridad privada. Esto supone una pérdida de poder adquisitivo “escudándose en la crisis, cuando la crisis la pasó”. “Es hora de que sobre los trabajadores no repercuta la crisis, sino nuestros derechos”, aseveró.
