El Ministerio Público se pronunció ayer en la segunda sesión del conocido como el caso del ‘Voto por Correos’. Junto a la acusación particular, que representa al PP en este procedimiento, se opuso a la nulidad de las pruebas practicadas en la fase de investigación. Insistió en que en ningún caso se han vulnerado los derechos fundamentales de los procesados y defendió prácticas como las intervenciones de las llamadas para evitar el estancamiento de las indagaciones.
El macrojuicio por el conocido como el caso del ‘Voto por Correos’ está más cerca de celebrarse. Habrá que esperar al 9 de octubre para que comiencen las declaraciones de los 29 acusados, entre los que se encuentra el presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán; Dionisio Muñoz, ex secretario general del PSOE en Melilla; y Gregorio Escobar, ex delegado del Gobierno.
Lo que ayer finalizó fue el trámite previo al juicio oral con la celebración de la segunda sesión de las cuestiones previas. Fue el turno de las alegaciones de la fiscal y la acusación particular, que representa al PP en esta causa.
Derechos fundamentales
Ambas partes incidieron en que de ningún modo se han visto vulnerados los derechos fundamentales de los procesados, vinculados a CPM y PSOE. Por ello, se opusieron en bloque a la nulidad de las pruebas que solicitaron los letrados de la defensa.
La fiscal jefe de Melilla, María Isabel Martín, aseguró que de los atestados de la Guardia Civil lo que se deduce es que todos los encausados participaron en “una trama perfectamente organizada» y encaminada a la compra de votos a cambio de puestos en los planes de empleo.
‘Los frutos envenenados’
El Ministerio Público no entiende que el procedimiento se encuentre contaminado por el hecho de que el principal testigo de cargo, Nordin Abdel Lal Chadli, primero hubiera sido llamado a declarar como testigo, aunque luego haya terminado siendo acusado.
«Es a Nordin a quien le corresponde reclamar la indefensión y no lo ha hecho», declaró la representante de la Fiscalía.
De este modo, Martín intentó desmontar ‘la teoría del árbol envenenado’ alegada por los letrados de la defensa.
Los abogados pidieron la nulidad de la declaración del procesado e incidieron en que la versión inicial ofrecida por Nordin no hubiera sido la misma de saber que iba a terminar siendo procesado.
Intervenciones telefónicas
La fiscal defendió las intervenciones telefónicas que se realizaron en el seno de la investigación de la presunta compra de votos.
Al contrario de lo manifestado por los abogados de los acusados, Martín señaló que se trató de una «medida útil, proporcionada y necesaria» para seguir indagando y evitar el estancamiento de la causa.
Por su parte, reiteró que la intervención de las llamadas no se practicó a todos los procesados y que se hicieron «bajo estricto control judicial».
Asimismo, señaló que tampoco es que supongan una prueba fundamental en el caso. La fiscal jefe argumentó que «la trascendencia social de los hechos» justifican este tipo de actuaciones.
Calificación de los delitos
Para contrarrestar una de las alegaciones de las defensas, Martín explicó que es a la Fiscalía y la acusación particular a quien corresponde realizar la calificación de los hechos.
«La Guardia Civil se excedió de sus funciones porque no le compete la calificación», dijo. No obstante, insistió en que esto no implica ninguna vulneración del derecho.
También aclaró que, al margen de que el juez instructor se hubiera basado en el Código Penal, el Ministerio Público ha calificado los hechos conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Por otro lado, Martín defendió que el escrito de acusación no es «ni abstracto, ni genérico», como apuntaron los letrados de los procesados.
«La Fiscalía ha redactado más de cien folios detallando la conducta imputable de los acusados», sentenció.
La denuncia de Lence
Otro de los puntos en los que se detuvo la fiscal fue en la denuncia realizada por Javier Lence, quien fuera representante de campaña del PP en 2008. Insistió en que era válida aunque inicialmente pudiera haber habido un error. «Todos los ciudadanos tienen el deber de denunciar la comisión de un delito», remarcó.
La abogada del PP, María José Aguilar Silveti, subrayó que el partido está personado en este procedimiento como acusación particular y no como acusación popular, pese a lo que indicaron los abogados de los acusados.
«Esta parte siempre ha actuado como acusación particular porque el PP es el perjudicado directo», incidió. Al respecto, valoró que la intención de las defensas era «tirar por tierra nuestra acusación en esta causa.
