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La fiscal del ‘Caso Abogados’ considera que existen varias pruebas condenatorias

Imagen del primer día del juicio, en el que Garbín respondió a las preguntas de la Fiscalía
(Autor: Guerrero)

La fiscal y la acusación popular del ‘Caso Abogados’ plantearon ayer sus conclusiones una vez que hubieron finalizado todas las declaraciones de los acusados y los testigos involucrados en la causa. Para ambos parece claro que la Consejería de Bienestar Social realizó fraccionamiento de los contratos menores a cuatro letrados, que se prolongaron durante más de una década. Un hecho que, además de ir en contra de la legalidad, perjudica de forma directa al resto de juristas. La portavoz del Ministerio Público no cree que los letrados contratados hubieran participado en el presunto delito continuado de prevaricación administrativa. ALA Melilla, sin embargo, considera que estaban al corriente de que no se actuaba conforme al derecho. La fiscal del ‘Caso Abogados’ considera que existen pruebas de cargo suficientes para condenar a Garbín y a los ocho funcionarios acusados procesados en esta causa.
Según concluyó una vez finalizadas todas las declaraciones de los testigos, queda claro que la Consejería de Bienestar Social fraccionó los contratos menores de los letrados externos a la Administración.

Mismos contratos
Insistió en que los 91 contratos eran idénticos y estaban formulados del mismo modo.
Para la representante del Ministerio Público quedó totalmente probado que la contratación de los letrados, que trabajaron durante 10 y 5 años consecutivos para la Consejería, se realizó en perjuicio del resto de abogados colegiados en Melilla.
Por su parte, se mostró convencida de que tanto la ex consejera María Antonia Garbín como los ocho funcionarios procesados se pusieron de acuerdo para prestar la misma versión en el juicio.

Otra forma de contratación
Subrayó que, siendo conscientes de que las plazas de juristas solicitadas en la Relación de Puestos de Trabajo no estaban siendo cubiertas, tendrían que haber optado por otra fórmula de contratación de los abogados externos.
Incidió también en que los letrados eran tratados como funcionarios «a todos los efectos», ya que temían un sueldo similar y contaban con 22 días de vacaciones al año. A su juicio, se ha intentado dar «apariencia de legalidad» a la sucesión de contratos menores, cuando lo que se ha hecho es incurrir en un delito de prevaricación.
La fiscal reprochó a los procesados que, como funcionarios y responsables de la Administración, era su deber dar ejemplo de legalidad.
Mantuvo las penas que solicitaba en su escrito de acusación: 10 años de inhabilitación para Garbín y 9 años de inhabilitación para los ocho funcionarios de la Consejería. La fiscal no cree que los letrados hayan cometido delito alguno.

Conclusiones de ALA Melilla
El letrado que representa a la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla también planteó ayer sus conclusiones.
Para la acusación popular parece muy claro que hubo fraccionamiento de los contratos menores y que los letrados externos también cometieron un delito de prevaricación administrativa.
Alegó que como entendidos en derecho, los juristas eran conscientes de que la Consejería de Bienestar Social actuaba en contra de la legalidad.
«No hemos hablado de tráfico de influencias, hemos hablado de decisiones arbitrarias», sostuvo el portavoz de ALA Melilla. Aseguró que la realización de contratos menores a los mismos letrados por un periodo de 13 años ocasionó «daños gravísimos e inmateriales».

Contratos prorrogados
A su parecer, los contratos fueron prorrogados porque siempre eran el mismo.
«No se ha aportado ni una sola prueba justificación del trabajo realizado. Si se asumían nuevas funciones tenían que quedar acreditadas», explicó.
En cuanto al negociado sin publicidad, defendió que los requisitos iban claramente orientados a que las plazas fueran adjudicadas a los mismos cuatro letrados externos.
Por otro lado apuntó que, si la Consejería de Bienestar Social estaba tan saturada como expusieron los procesados en el juicio, no comprendía cómo los abogados externos contratados podrían trabajar de forma paralela en sus propios despachos.

En contra de la ley
Incidió en que el hecho de que los contratos menores a letrados se vinieran haciendo desde antes de la llegada de Garbín a la Consejería no implica que se pudiera continuar con esta práctica ni que fuera legal. También insistió el jurista en que, por «muy nobles» que pudieran ser las intenciones de los procesados, actuaron en contra de la legalidad. Algo que, incidió, no puede quedar impune porque, de lo contrario, se abre la veda y puede dar pie a un «descontrol enorme en la Administración».

Última sesión
Hoy tendrá lugar la última sesión del juicio por el ‘Caso Abogados’. Será el turno de que las defensas expongan sus conclusiones. Luego, el magistrado del Juzgado de lo Penal 1 tendrá que decidir.

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Irene Quirante

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