La Asamblea de Melilla aprobó ayer el expediente para sacar a licitación el nuevo contrato de gestión integral del centro de protección de menores del Fuerte de la Purísima, en el que la Consejería de Bienestar Social ha aumentado en un 60% el presupuesto por la mayor presión migratoria de estos jóvenes magrebíes. Este trámite salió adelante tras un intenso debate, que terminó con los votos a favor del PP y el Grupo Mixto, que sustentan el Gobierno de Melilla, y la abstención en bloque de los tres grupos de la oposición, Coalición Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs), que intentaron sin éxito que el asunto se quedara sobre la mesa. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, explicó algunas de las mejoras de este nuevo contrato, que tendrá una duración de dos años, prorrogable por otros dos. Entre esas mejoras, destacó el incremento presupuestario respecto al contrato que está vigente, pasando de 3,2 millones de euros anuales a 5,1 millones. Esto permitirá al mismo tiempo llevar a cabo un aumento de plantilla en 25 trabajadores.
Parte de este incremento de personal ya está siendo asumido de manera voluntaria y unilateral por la empresa que ahora mismo es adjudicataria debido al mayor número de menores extranjeros no acompañados (MENA) que están acogidos en el centro, que fue diseñado para un máximo de 180 niños, aunque en la actualidad la ocupación es de 350.
Para más de 350
Con el nuevo pliego que será adjudicado, la Ciudad Autónoma prevé la posibilidad de albergar en el centro de acogida a más de 350 menores, para lo que se han habilitado espacios comunes como nuevos dormitorios y se ha equipado el centro con 350 camas.
Por ello, en opinión del consejero de Bienestar Social, “ya no se puede seguir vendiendo” la idea de que hay una sobreocupación en el centro de acogida a partir de este nuevo pliego, y dejó claro que todos los menores que llegan a Melilla son atendidos y se buscan las fórmulas para ello, aunque admitió que no es una cuestión sencilla.
“Nos hemos tenido que adaptar a las necesidades que nos hemos ido encontrando y no vamos a parar aquí”, aseguró de manera rotunda Daniel Ventura, que dijo que desde el Gobierno de Melilla seguirán trabajando para atender a los menores “como se merecen y tal y como dice la legislación”.
Aunque el Ejecutivo local se niega a crear nuevos centros, porque “se llenarían en 24 horas” por un efecto llamada, el consejero de Bienestar Social informó de que se han instalado dos aulas “medio prefabricadas en una zona nueva del Fuerte para poder seguir actividades que se venían haciendo” y que durante un tiempo no se ha podido al tener que convertir en dormitorios los espacios donde se desarrollaban.
Además, dejó claro que esta situación no ha afectado a la formación de los menores, ya que gran parte de ella se lleva a cabo fuera del Fuerte de la Purísima.
Otra de las mejoras que busca el Gobierno local con el nuevo contrato de gestión del centro de menores es que se pueda aplicar un régimen interno “para poder aplicar sanciones educativas” a algunos de los acogidos “para que vayan cumpliendo las normas”.
“Dudas y sospechas”
Frente a la postura del Gobierno, la oposición dio muestras de que el nuevo contrato de gestión del centro de La Purísima no les convence. De hecho, Cs propuso que se quedara sobre la mesa, una sugerencia que apoyaron CPM y PSOE, pero que se dio de bruces con la negativa del Gobierno. El portavoz del PP, Daniel Conesa, explicó que no veía razones de “oportunidad política”, teniendo en cuenta que el contrato actual finaliza su vigencia el 31 de diciembre y la adjudicación de este nuevo conlleva unos plazos largos. “No podemos correr el riesgo si hay contingencias que pudieran surgir”, afirmó.
Uno de los partidos más duros en su crítica fue el PSOE, cuya diputada Lamia Mohamed Kaddur llegó a mostrar sus “dudas y sospechas sobre la buena gestión del dinero público” y abogó por ampliar espacios. En su segundo turno de palabra, sacó como conclusión que se trata de un “contrato hecho a medida para la empresa adjudicataria” en la actualidad, extremo que negó posteriormente el consejero de Bienestar Social.
CPM, a través de su portavoz, Hassan Mohatar, opinó que el aumento de trabajadores que se produce en este pliego es insuficiente para la cantidad de menores que alberga actualmente el centro de La Purísima, especialmente si se compara con lo que sucede en el centro de Reforma, y pidió que se aplique el plus de residencia a los empleados. También reclamó mayores fianzas para evitar bajas temerarias que luego pudieran dar problemas para la prestación del servicio.
Por su parte, el diputado de Cs Luis Escobar expresó varias dudas, entre ellas que los puestos no se ciñen a las categorías profesionales y que serían necesarios más empleados de algunas categorías determinadas, como psicólogos y trabajadores sociales.
