Vivimos en un país en el que no se escatima en tertulias de todo tipo, desde las más despreciables que atienden a la vida de personajes de dudosos méritos, a aquellas en las que igual se discute de inseminación artificial o eutanasia para continuar con los pormenores tributarios de un futbolista, pero todo ello discutido por exactamente los mismos tertulianos. Este ambiente hace que a veces suframos una sobredosis de tecnicismos cuyo fin frecuentemente no es hacerse entender, sino distraer, despistar o desinformar a espectadores, oyentes o lectores, para defender intereses del grupo editorial al que se debe pleitesía. Este armazón es sobre el que se construyó la opinión pública durante el gran saqueo que supusieron las privatizaciones de empresas públicas durante todas las legislaturas del PP y algunas del PSOE.
En este país se ha privatizado en todos los sectores en los que uno pueda pensar; desde empresas eléctricas, que han pasado a dejar morir ancianos de frio en invierno, a empresas navieras, de telecomunicaciones o banca, que han sabido aprovechar las infraestructuras que todos les habíamos ya pagado con nuestros impuestos para ofrecernos un servicio pésimo por un precio abusivo la mayoría de las veces. Es decir, el saqueo fue, y sigue siendo, en dos tiempos. La gracia añadida es que como queremos tener un país tan maravillosamente liberal si usted siente la imperiosa necesidad de quejarse debe hacerlo al maestro armero. Pero, por favor, no se equivoque, muchas de estas privatizaciones se hicieron en cubierta, pues ni el más tonto entre los tontos dejaría de alarmarse en caso de estar bien informado.
Una de estas privatizaciones en cubierta fue la que se realizó con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Sí señor, cuando a usted le cachea un vigilante de seguridad en un aeropuerto, este señor o señora está sustituyendo a un miembro de la Guardia Civil en sus funciones. Así pues, muchas de las competencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fueron transferidas a empresas de seguridad privada. Una de estas competencias, como comento, es la de la custodia de los aeropuertos, en los que con diferencia se ven a más trabajadores de estas empresas de seguridad privada que miembros de la Guardia Civil, desde hace ya años. Esto a pesar de que según la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: (B) Será ejercida por la Guardia Civil (d) la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. Si preguntáramos cuales son los beneficios para los contribuyentes, rápidamente nos saldrían con que la gestión es más eficiente y barata para el Estado y por tanto para el contribuyente, es decir usted y yo. Al igual que es por todos conocida la gran eficiencia de la gestión privada de los hospitales públicos mediante el «modelo Alzira», las famosas autopistas rescatadas de Madrid, el pelotazo del proyecto Castor, etcétera, etcétera. Para quienes sin duda es más eficiente es para las empresas que contratan con el Estado. Pues en lo que sí se traducen estos contratos es en la precarización de unos puestos de trabajo (los de los trabajadores de las empresas privadas de seguridad) respecto a los de los miembros de la Benemérita. Sin embargo hay un derecho fundamental del que si disfrutan estos trabajadores de estas empresas privadas de las que no disfrutan los miembros de la Guardia Civil. Dicho derecho es el de asociación, sindicalización y huelga. Pues bien, el siempre lúcido y omnisciente gobierno de nuestro país ha decidido, después de precarizar los puestos de trabajo de todas esas personas que se encargaban de la seguridad en los aeropuertos, pisotear sus derechos laborales y acudir a aquellos a los que había despojado de esos puestos de trabajo para que les saquen las castañas del fuego, gracias a que no pueden rechistar debido al régimen militar al que están sujetos. Esta es la realidad de lo que estos días está pasando en el aeropuerto del Prat.
En 2016 en España alcanzamos niveles de corrupción similares a los de Lituania y Letonia, superando a países como Emiratos Árabes Unidos, Cabo Verde o Brunei. Ahora lo único que nos hace falta también es intentar alcanzar a algunos de estos países en niveles de precariedad laboral y desigualdad social.
Por último, me gustaría reconocer la labor que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan día a día, y en particular quiero elogiar a la Asociación Unificada de Guardias Civiles que, no solo previó las negativas consecuencias que tendría la privatización de la seguridad en aeropuertos y centros penitenciarios, sino que además no ha dudado en solidarizarse con quienes les usurparon puestos de trabajo en pro de un servicio ofrecido desde la precariedad laboral.
