Los continuados fracasos en audiencia, credibilidad y rentabilidad que han cosechado las diferentes televisiones públicas a lo largo de los últimos años han llevado a la mayoría de ellas a plantear la externalización total o parcial de sus servicios. Desde SODEMEL se defiende que la opción de la privatización no es nueva, sino que ya ha sido adoptada por muchas otras televisiones públicas, tanto autonómicas como regionales. La televisión melillense debe buscar inversiones privadas por el bien de su propio futuro y del de las arcas públicas ERES, manipulación informativa, adoctrinamiento, recortes, descrédito, deudas astronómicas, contrataciones irregulares, enchufismo, injerencias políticas, plantillas desmesuradas, censuras… Al preguntar qué tienen en común estoss conceptos, podemos decir que todos se han dado con mayor o menor intensidad en un lugar concreto: las televisiones autonómicas. Basta ver el ejemplo de TV3 (Cataluña, la más seguida y rica), Aragón TV, o Telemadrid.
Perseguidas por acusaciones de mala gestión, con índices mínimos de audiencia y sin publicidad, las televisiones autonómicas tienen un oscuro porvenir; por ello, llevan años “en el candelero”, y la de SODEMEL no es la primera, la única ni la última voz que se alzará ante este despropósito.
La propuesta, realizada desde SODEMEL, de iniciar un procedimiento de externalización de servicios que permita reducir los costes que supone la televisión pública a la Ciudad Autónoma (recordemos, 3,4 millones de euros en los últimos presupuestos) se fundamenta en la idea básica de que un servicio de información al ciudadano no puede costar semejante cantidad de dinero al contribuyente, máxime contando con la abundancia de medios de comunicación que existen en la actualidad. Desde SODEMEL se sostiene que hay maneras más rentables de gestionar la información municipal, y que la televisión local debería iniciar el camino de privatización que ya han recorrido la mayoría de las televisiones públicas.
Desde SODEMEL se defiende la necesidad de comenzar a abordar cambios en todos los ámbitos de la economía local, para reducir la preponderancia de lo público y estimular la creación de un nuevo ecosistema empresarial. Según este enfoque, el papel de la administración pública debe limitarse a la administración de servicios vitales para el ciudadano, como son la sanidad, la educación, la seguridad o la limpieza de las calles, entre muchos otros, y, si bien se considera que la iniciativa privada también podría contribuir a complementar y mejorar dichos servicios vitales, la TV pública, definitivamente, no debe considerarse como un servicio vital. Es curioso que a nivel local se haya mantenido durante años el statu quo de INMUSA (Información Municipal S.A.), la empresa pública que gestiona TV Melilla, mientras que a nivel nacional fue el propio Partido Popular el que impulsó un proyecto de ley que permitía la privatización de las televisiones públicas regionales.
El sector de las televisiones públicas autonómicas, cuyo presupuesto, en el caso concreto de Melilla, no se encuentra justificado por un suficiente respaldo de la audiencia, ha experimentado una serie de cambios de gran importancia en los últimos años y, en muchas de las televisiones públicas, se ha optado por asumir nuevos modelos de gestión que incluyen a la iniciativa privada en la ecuación. La realidad de las televisiones, con el desembarco de los canales de programación bajo demanda, la televisión por cable y los dispositivos móviles “inteligentes”, ha sufrido un duro revés en los últimos años, un revés, sin embargo, del que las televisiones privadas han sabido salir con solvencia. En el caso de la televisión pública, la solución adoptada ha sido la externalización, total o parcial, avanzando en muchos casos hacia modelos mixtos. Dichos modelos mixtos se han vuelto comunes a lo largo de la geografía nacional, sirviendo como ejemplo televisiones mucho más populares, de entre las que destaca Canal Sur, cuyos programas de mayor éxito (“Juan y Medio” y “Andalucía directo”) están en manos privadas. Basta decir que el Gobierno de Melilla está pagando 485 mil euros por cada punto porcentual de audiencia para entender la situación.
SODEMEL se reafirma en su propuesta acerca de que la TV melillense debe buscar inversión privada, no sólo por el bien de la televisión local, sino también por el bien de las arcas públicas que, en la actualidad, destinan más presupuesto a una televisión intrascendente que al mantenimiento de las instalaciones deportivas de los melillenses, por ejemplo.
