El presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín Cobos, reconoce afrontar el juicio por el caso “Arquitecto” con “ilusión” y tranqulidad, puesto que dicho proceso será la oportunidad que lleva diez años esperando para poder defenderse y demostrar su inocencia tras años de “juicios paralelos y descalificaciones”. Marín quiso recordar en sus declaraciones que todos los órganos jurisdiccionales aseguran que el contrato se ajusta a derecho y es “perfectamente legal”.
Miguel Marín ha recibido esta semana la citación judicial con motivo del “Caso Arquitecto”, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la contratación de un arquitecto.
Ante tal situación, Marín ha declarado sentirse “ilusionado” por la posibilidad que se le brinda para demmostrar su inocencia, sí como tranquilo por estar seguro de que la contratación se ajusta a derecho y fue “perfectamente legal”, toda vez que múltiples órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales se han pronunciado con claridad en tal sentido.
Marín, que ya defendió en s día que la justicia “ya había dictado sentencia sobre la legalidad del contrato”, quiso recordar que ninguno de los diez miembros del Consejo de Estado “vió vicios de nulidad en aquél proceso administrativo ni emitió votos particulares por posibles discrepancias” considerando el procedimiento como legal “por unanimidad”. Así mismo, recordó que la ponente del Consejo de Estado fue la ex-vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, que no tenía “ningún interés en hacer favores al PP”.
Asegura que “lo más importante es que estamos frente a un expediente administrativo ante el cual se han pronunciado hasta tres órganos judiciales”, corroborando todos ellos la legalidad del contrato firmado.
Caso Arquitecto
El Caso Arquitecto se remonta a la época de Miguel Marín como consejero de Administraciones Públicas. Según la Fiscalía, hay indicios de una presunta prevaricación administrativa al “incumplir la normativa” laboral en la contratación, delito por el que se piden 11 años de inhabilitación para el actual presidente de la Autoridad Portuaria. El caso es investigado por el juzgado de instrucción número 1 de Melilla. Pese a las acusaciones, el PP nunca se ha planteado el cese de Miguel Marín.
