A la misma hora que se debatía en el Congreso un endurecimiento de las penas para los conductores de vehículos que atropellen ciclistas y los dejen abandonados, especialmente en caso de fallecimiento, se producía un accidente en Melilla entre un vehículo y una bicicleta. El ciclista salía del Parque Hernández cuando fue atropellado por un automóvil, aunque en este caso se desconoce quién ha sido el responsable del siniestro. El conductor de la bicicleta tuvo que ser atendido en el lugar de los hechos por el servicio de atención médica urgente del 061 y tras colocarle un collarín, fue llevado al Hospital Comarcal para un atención más exhaustiva.
Mientras esto se registraba en nuestra ciudad, en la Cámara Baja todos los grupos parlamentarios avanzaban su disposición a dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley orgánica con la que se busca modificar el Código Penal y ampliar de los actuales cuatro años hasta los nueve las penas de cárcel en caso de imprudencia grave frente a los atropellos, considerando entre ellas la omisión de socorro en carretera.
La intención de este texto, según ha explicado el defensor del texto, el diputado del PP Pablo Matos, es unificar la valoración de imprudencia grave en un accidente de tráfico, porque, ahora, es el juez de forma individual quien decide si la imprudencia es grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho.
Así, con estos cambios cualquier conducción que atente contra la integridad de las personas, cometiendo un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad o cuando se hace bajo la influencia de drogas o del alcohol, "siempre" será imprudencia grave y "no cabrá margen de interpretación".
Por otra parte, abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas, de forma que en el supuesto de un conductor que como resultado de un atropello a un grupo de peatones o ciclistas cause varios muertos, pueda imponérsele una pena de hasta nueve años de prisión, frente a la legislación actual, que establece una condena máxima de cuatro años de cárcel.
Matos ha explicado también, que esta propuesta introduce la eliminación de la regla por la que con el Código Penal actual, cuando un conductor comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos o muerte, sólo es castigado por la infracción más grave. Con la reforma, se posibilitaría que todas las infracciones del conductor previas al accidente se puedan sancionar de forma independiente, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.
También se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo.
Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido.
En este sentido, tenemos todavía fresco en la memoria el suceso que tuvo lugar en los pinos el pasado domingo 5 de marzo tras el atropello mortal de un ciclista en Melilla, después de darse a la fuga el conductor de un todoterreno y triplicara el límite permitido en el control de alcoholemia, informó la Policía Local. El autor aún se encuentra en la cárcel, hasta la celebración de su juicio, mientras el ciclista, Carlos Huelín, perdió su vida de la manera más injusta.
Estos cambios legislativos, pues, son necesarios y la decisión de los grupos parlamentarios no podía ser más acertada, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en las carreteras, tanto de España como de Melilla.
