Los aproximadamente 15 encausados del 'caso Abogados' han conocido de forma oficiosa que la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla y que por el momento no han recibido en forma física, les considera autores del delito continuado de prevaricación administrativa por el que fueron juzgados este pasado mes de junio. Los afectados anuncian que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial. Al cierre de esta edición los encausados por el llamado 'caso Abogados' aún no habían recibido de forma física la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla que se esperaba se produjera ayer jueves, pero sí que oralmente han tenido conocimiento de que el dictamen judicial les considera culpables del delito continuado de prevaricación administrativa por el que fueron juzgados.
Pero según pudo conocer ayer este Diario, la sentencia será recurrida ante la Audiencia Provincial por considerar que "no hubo dolo, ni malversación de caudales, ni prevaricación". Además de declararse "sorprendidos" por esta resolución judicial, entre los enjuiciados hay quienes piensan que esta sentencia puede tener "consecuencias para el funcionamiento de la Ciudad Autónoma, que puede quedar paralizada, porque ahora, qué funcionario se atreverá a firmar nada o aspirar a un cargo de director provincial o intervención".
Caso Abogados
La investigación por el 'Caso Abogados' arrancó en el año 2011 a raíz de una denuncia que interpuso la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla. Según esta entidad, la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea y ex consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, nueve funcionarios (entre los que se encontraban directores generales y secretarios técnicos) y cuatro letrados colegiados en Melilla participaron de forma activa en la comisión de un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa.
Esto habría sido así porque, siempre según la acusación, durante diez años "se saltaron los procedimientos ordinarios para contratar de forma ilícita a los abogados procesados". Tanto ALA como la Fiscalía reclamaban para Garbín diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.
En el caso de los funcionarios, el Ministerio Público solicitaba nueve años de inhabilitación, mientras que la acusación popular pedía ocho años y seis meses para cinco de ellos y nueve para los otros cuatro empleados públicos. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento libre para los cuatro letrados. No obstante, ALA siguió reclamando que fuesen castigados con cuatro años de inhabilitación.
