La Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla ha aludido al "grave problema" de control de las causas penales que "padecen" todos los fiscales delegados de Seguridad Vial en las distintas provincias por falta de medios, al no contar con una estructura personal suficiente y carecer de un sistema informático adaptado a las necesidades de esta materia. La Fiscalía Superior expone en su memoria anual de 2016, que Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "suponen un territorio suficientemente amplio y poblado como para considerar que, en sí mismo, constituye en un centro de estudio de las muy variadas circunstancias que afectan al tráfico rodado, desde todos los puntos de vista".
Se expone que 2016 ha sido un año "de trabajo intenso" en el que los fiscales delegados en las distintas provincias han suplido "con su esfuerzo diario las deficiencias de personal y materiales, que sufren en sus destinos".
Uno de los principales problemas expuestos por la Fiscalía superior es la "falta de una estructura personal suficiente en las Secciones de Seguridad Vial de las fiscalías provinciales, en las que en muchos casos la integra un solo fiscal que comparte esta tarea con las demás que son propias de su Fiscalía, con lo que difícilmente puede desarrollar con plenitud su función".
La falta de funcionario adscrito en exclusividad a esta materia en la Secretaría Fiscal es otro de los elementos esenciales que impiden el adecuado control de las causas y las ejecutorias.
Así, la Fiscalía Superior de Andalucía señala en su memoria el "grave problema de control de causa penales" que padecen todos los fiscales delegados, por carecer de un sistema informático adaptado a las necesidades de esta materia y considera "urgente" dotar a cada Fiscalía Delegada de un sistema de registro informático que facilite su trabajo y permita obtener unas estadísticas fiables y lo suficientemente elaboradas como para extraer de ellas consecuencias desde el punto de vista del análisis criminológico.
El Ministerio Público considera "vital" este aspecto, no solo para conocer las causas de la delincuencia vial y establecer el perfil del delincuente de tráfico, sino también para elaborar una política criminal preventiva por el ámbito administrativo competente partiendo de los "datos incontestables" de las resoluciones judiciales. Así, se advierte de que "la exigencia" de un control exhaustivo de las causas con fallecidos y lesionados graves, con la finalidad de agilizar su tramitación, asistir a las víctimas y evitar acuerdos económicos que hagan estéril la vía penal, "es imposible de llevar a cabo sin una dotación material y personal adecuada" y "sobre estas necesidades básicas no se ha avanzado absolutamente nada".
