Organizaciones sociales han aplaudido este martes 3 de octubre que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, haya condenado a España a pagar 10.000 euros a dos inmigrantes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron devueltos a Marruecos tras penetrar en España a través de la valla de Melilla, y han pedido el cese "inmediato" de esta práctica. “La sentencia evidencia la ilegalidad de estas prácticas a las que se pretendió dar cobertura legal a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que debería ser inmediatamente reformada", ha afirmado secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán.
La dirigente de CEAR confía en que el fallo conlleve "el cese inmediato de estas prácticas que, además de ilegales, ponen en riesgo la vida de miles de personas cada año" y ha destacado el "excelente trabajo conjunto y complementario de diferentes organizaciones de derechos humanos y de apoyo a las personas refugiadas" en la presentación de esta demanda en el año 2015.
Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Rosa Otero, ha indicado a Europa Press que ACNUR considera "positiva" la decisión del alto tribunal europea sobre esta situación. "En este momento estamos analizando las conclusiones de la sentencia para poder valorarla de manera más amplia", ha agregado.
Desde Andalucía Acoge, creen que el dictamen confirma "la ilegalidad de las devoluciones en caliente" de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, y que además sienta un "importante precedente" de cara a otra denuncia presentada por esta organización ante dicho tribunal por hechos similares.
A su juicio, el pronunciamiento dado a conocer este martes afecta a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. "Esta Ley, además de contemplar recortes de derechos para el conjunto de la ciudadanía, introduce una Disposición Adicional Décima en la Ley de Extranjería cuyo objetivo es proporcionar cobertura legal a las devoluciones sumarias de personas inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla", ha añadido Andalucía Acoge.
En esta misma línea se ha expresado CC.OO., que ha puesto de relieve la importancia del fallo y ha exigido al Gobierno que cese "inmediatamente" estas prácticas, que han sido "insistentemente denunciadas por la sociedad civil española". "No todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los Derechos Humanos", ha apostillado.
