En declaraciones a MELILLA HOY, la ex consejera de Bienestar Social, la popular Mª Antonia Garbín, dijo respetar la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 pero no la comparte, entre otras cuestiones, porque considera "desproporcionado" que le pidan diez años de inhabilitación por un tema administrativo en el que "nadie se ha llevado dinero" y que en cambio a Artur Mas, el independentista catalán sólo le pidan dos años. Garbín, además de confirmar que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial, aseguró que no renunciará a su acta de diputada "porque no ha habido corrupción". "Como no puede ser menos, respeto lo decidido por el juzgado, pero no lo comparto, porque se ha cometido una absoluta injustica, tanto en mi caso como en el resto de los enjuiciados", indicó a este Diario Mª Antonia Garbín. Por ese motivo adelantó que "desde el minuto cero" va a iniciar los trámites para "presentar cuando antes un recurso ante la Audiencia Provincial".
Recurso
Se declara "totalmente indefensa" tras esta resolución judicial, porque entiende que durante el proceso no se tuvieron en cuenta ni los informes técnicos y jurídicos, ni las declaraciones de los testigos y los propios denunciados. "En la sentencia se puede comprobar que las argumentaciones no se han tenido en cuenta, por las aseveraciones a las que llegan. Es una sentencia injusta que voy a recurrir y creo que no seré la única, sino todos los técnicos y jurídicos del caso", dijo.
Además considera "desproporcionado" que a ella o al resto de enjuiciados les pidan penas que superar, como es su caso, los diez años de inhabilitación. "Es curioso que me pidan diez años por una cuestión administrativa, porque no es un caso de corrupción, aquí no ha habido dolo, nadie se ha llevado nada, nadie se ha llevado dinero, no ha habido prevaricación, y que a Artur Mas, en todo este asunto de la independencia de Cataluña, sólo le pidan dos años", expuso.
No dejará el escaño
Garbín, que apostilla que no se han tenido en cuenta las argumentaciones de la defensa porque se mantienen las mismas penas que solicitaba el fiscal al inicio del proceso para todos los implicados, defendió su inocencia en todo este asunto del llamado Caso Abogados. También dejó de manifiesto que no renunciará a su acta como diputada y no dejará su escaño en la Asamblea de la Ciudad Autónoma, primero porque "no es un caso de corrupción, sino una cuestión administrativa, segundo, porque soy inocente y en tercer lugar, porque no hay una sentencia en firme".
La ex consejera mantiene lo ya expuesto durante el proceso judicial, que cuando ella llegó en 2003 a Bienestar Social se encontró con que desde 1999 se venían contratando a un grupo de letrados para distintas cuestiones administrativas a la espera que Administraciones Públicas convocara y consolidara las plazas. Este sistema de contratación se mantuvo desde 1999 hasta 2011 y por Bienestar Social pasaron, durante ese tiempo, cuatro consejeros. En resumen, "me siento estupefacta con la sentencia y la condena tan desorbitada".
