"Vivimos en un momento muy preocupante con el auge de los nacionalismos y los populismos". En ningún Estado que la historia recuerde se ha utilizado el método de no hacer algo, de hacer nada, para terminar con una rebelión y una vulneración de las leyes del tamaño de la que está ocurriendo en Cataluña.
Kazuo Ishiguro, escritor poco conocido para el gran público, británico de origen japonés, acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Sus primeras palabras, tras manifestar su inmensa sorpresa por haber obtenido el premio, han sido: "vivimos en un momento muy preocupante con el auge de los nacionalismos y los populismos". Lo mismo han dicho, por citar solo algunos ejemplos notorios y pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Josep Piqué -brillante, increíblemente lúcido, un ex político catalán y español cuya condición de ex significa una inmensa pérdida para la política actual-, Felipe González, Alfonso Guerra, José Bono -entre otros muchos socialistas-, Aznar a través de su Fundación, Albert Rivera -en una gran conferencia en la sede de La Razón a la que fui invitado-, Alejo Vidal Quadras -cuya destitución como presidente del PP catalán, por imposición de Pujol, explica en buena parte lo que ahora está ocurriendo en Cataluña- y un interminable etcétera de personas y organizaciones.
¿Hasta cuándo, Puigdemont, abusarás de nuestra paciencia? diría hoy Cicerón si ahora viviera, en vez de en el año 63 a.C., cuando le hizo la misma pregunta al populista y conspirador Catilina, que pretendía, como Puigdemont y la CUP que le manda, hacerse con el poder absoluto con el apoyo de tribus enemigas de Roma. Descubierta la conspiración, los conjurados romanos huyeron, excepto cinco de sus líderes, que fueron condenados a muerte y ejecutados. Catilina y su ejército -los Mossos de la época- fueron derrotados un año después en la batalla de Pistoya. A Catilina se le cortó la cabeza, que fue llevada a Roma como prueba pública del fin de la conspiración. "De esta forma se puso fin a la conjura en Roma", cuentan los historiadores.
Eran otros tiempos. Se aplicaban diferentes métodos para terminar con las sediciones y las conjuras que ponían en peligro a los Estados, pero en ningún Estado que la historia recuerde se ha utilizado el método de no hacer algo, de hacer nada, para terminar con una rebelión y una vulneración de las leyes del tamaño de la que está ocurriendo en Cataluña. Quizás Mariano Rajoy -en contra de lo que opinan muchos de los líderes de su partido, Juan José Imbroda incluido, y la inmensa mayoría de sus militantes y votantes- ha descubierto un método, antes jamás intentado: el de terminar con el mal a base de la inacción. ¿Por qué? Nadie, ni el Rey de España, creo que pueda adivinar el motivo que lleva a una pasividad tan incomprensible para todos los españoles, nadie excepto uno, el protagonista principal de la inacción.
En el momento en el que escribo -nadie sabe lo que puede pasar horas más tarde- la incógnita no es si el Gobierno va a hacer algo (hipótesis aparentemente descartable), sino si la evidente y demostrada torpeza, zafiedad y maldad de los populistas y nacionalistas aliados les llevará a la autodestrucción por la reacción, ya no silenciosa ni silenciada, de la mayoría de los ciudadanos españoles (y catalanes, claro) de todo tipo, empresarios incluidos
Para empezar -atención en Melilla, cuya única solución es potenciar las empresas existentes y atraer otras- las empresas catalanas ya se han empezado a mover, en el sentido literal de la palabra: han cambiado su sede social de Cataluña a otros lugares de España, de momento, Caixa Bank, Banco de Sabadell, Gas Natural y Catalana de Occidente. Otras importantes empresas, como Freixenet, "se lo están pensando". Y el Gobierno ha hecho algo, pequeño, pero práctico: aprobar un decreto ley que elimina los trámites legales en los cambios de domicilio social a las compañías, facilitando así las "salidas exprés" de importantes empresas catalanas. No es una solución, es más bien un pellizquito de monja, pero, en fin, algo es algo.
Más importante, como gesto y señal de un cambio de tendencia, es que personajes tan reconocidos como Mario Vargas Llosa y Josep Piqué hayan participado en una gran manifestación en Barcelona, organizada por la Sociedad Civil, en la que la conocida/desconocida "mayoría silenciosa" se ha dejado, por fin, oír. Ellos, los amenazados y atenazados por la minoría vociferante, al fin se ha dejado ver y pueden presumir, en libertad, de que ya no tienen miedo. ¡Gracias, Puigdemont, Junqueras y compañía: vuestra enloquecida conjura está uniendo a muchos españoles!.
En el ámbito gubernativo local melillense ha caído como una bomba la condena a fuertes penas de inhabilitación a los catorce (nada menos) procesados del "Caso Abogados" por saltarse durante 10 años, según el Juzgado de lo Penal número 1, los procedimientos ordinarios de contratación en el área de Bienestar Social. Tras las habituales respuestas de "respetar" pero no compartir la sentencia y el esperado anuncio de recurrirla -con la razonable esperanza de ganar el recurso- y tras resaltar que no ha habido dolo, por lo que el caso más que por lo Penal debería haber sido juzgado por un tribunal de lo Administrativo, se impone una reflexión.
En primer lugar constatar la enorme cantidad de años que han transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta la publicación de la sentencia. Una Justicia lenta no es Justicia, se dice, se repite, sigue sin resolverse, pero no deja de ser un dicho lamentablemente cierto. En segundo lugar, en Melilla se produjeron una serie de "investigaciones" de ciertos "policías judiciales" que han hecho un inmenso e injusto daño a la ciudad, un daño humano y social del que aún Melilla no se ha recuperado y del que será muy difícil recuperarse. En tercer término, este nuevo desastre pone en evidencia que no se puede seguir con el enorme intervencionismo público y paralizador que Melilla padece. Muchos de los "servicios" que el área de Bienestar Social, como el de tantos y tantos otros presuntos o reales "servicios" que la Administración Local presta, o cree prestar (como la televisión pública, por ejemplo), deben ser externalizados, como sucede en todos los países democráticos, libres y desarrollados del mundo. Y eso se tiene que empezar a hacer desde ya, no el año que viene, ni el mes próximo. Así, además, no se producirían sentencias que dejan tan lógicamente "estupefacto" al presidente de la Ciudad o que tan inesperada y según ellos injustamente dañadas dejan a las 14 personas condenadas, la valiosa María Antonia Garbín en primer lugar.
