Cinco militares profesionales, guardias civiles y policías nacionales de Melilla han llevado al Estado ante la ONU por considerar que les discrimina en el pago de sus pensiones respecto a las víctimas del terrorismo. Estos cinco melillenses participan en una denuncia conjunta presentada por más de 300 agentes y militares de toda España que tienen limitada su pensión de incapacidad permanente producida en acto de servicio. Según indican en la denuncia que han presentado ante la ONU, las víctimas del terrorismo cobran las pensiones íntegras, mientras que los militares, policías y guardias civiles han sido objeto de un recorte en las pensiones por haber sufrido lesiones en acto de servicio que en algunos casos puede ser de 900 euros al mes.
La denuncia de este colectivo, representado por el Bufete Osuna, se basa en una supuesta violación del artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación".
Su acción ante la ONU se produce después de que hayan agotado la vía judicial en España tras varios años de trámites en los órganos de la Administración General del Estado, donde no han obtenido más que respuestas negativas.
Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tampoco ha admitido a trámite la reclamación de estos más de 300 policías nacionales, guardias civiles y militares profesionales que se encuentran en situación de retiro por incapacidad sufrida en acto de servicio.
Desde 1983
Piden que no se les aplique el límite de pensiones que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado desde 1983, que estableció temporalmente un límite para el importe de las pensiones de clases pasivas. De esa manera, los agentes heridos en acto de servicio no podían superar ese límite, con lo que sus pensiones ya no serían del importe del 200% del haber regulador, como dice la ley, sino de un importe sensiblemente inferior.
Sin embargo, a las víctimas del terrorismo se les reconoce la pensión íntegra establecida en la ley y no se les pone límite. "Hay dos resultados diferentes porque ambas situaciones tienen un tratamiento diferente, ya que unos reciben un trato privilegiado frente a los otros, y éstos otros, una situación discriminatoria", apuntan desde el Bufete Osuna, que señala el perjuicio que está ocasionando el Estado a este colectivo: "Les priva de una elevada cuantía del importe de la pensión establecida legalmente".
Una excepción
En la denuncia, los más de 300 efectivos que la presentan, entre ellos 5 de Melilla, piden que se realice una evaluación sobre el fondo de la violación denunciada, para recomendar a España que adopte medidas para que las pensiones de retiro y jubilación extraordinarias sean contempladas como excepción al límite de las pensiones, al igual que las pensiones de retiro extraordinarias por incapacidad derivada de actos de terrorismo, haciendo un seguimiento de la resolución que se dicte.
