El presidente de la Ciudad Autónoma y máximo responsable de la Comisión General de las Comunidades Autónomas podría llevar la “voz cantante” en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española a Cataluña. El reglamento prevé que pueda ser una comisión creada específicamente para este caso o bien la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que esta legislatura dirige el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.
Carles Puigdemont ha tenido una oportunidad para dar marcha atrás y evitar así despeñar a Cataluña por el abismo, pero la ha desaprovechado, después de enviar ayer la segunda y definitiva carta al Gobierno de la Nación, en la que nuevamente rechaza dar respuesta al requerimiento del Gobierno de si declaró o no la independencia de Cataluña.
Además, salir al balcón a proclamar solemnemente la independencia, como pretenden los sectores más radicales del nacionalismo catalán, sólo traerá discordia y pobreza.
Cada día es más patente que Puigdemont quiere ganar tiempo para que el Ejecutivo o el Poder Judicial hagan algún movimiento que posibilite el regreso de las movilizaciones populares. Busca, como constaba en los documentos incautados a algunos responsables del procés, provocar una situación insostenible de orden público que obligue a la comunidad internacional a mediar. La cuestión es sencilla: a los independentistas les interesa internacionalizar el problema y, al Gobierno, justo lo contrario.
La intervención de la autonomía catalana puede ser uno de esos detonantes de las movilizaciones populares. O no. Pero lo cierto es que el Estado español no puede permitir que un presidente en franca rebeldía siga usando las instituciones catalanas para seguir avanzando en la secesión. Ya se les ha dejado ir demasiado lejos. El problema del 155 es que es un artículo sobre el que sabemos muy poco. Su enunciado es muy escueto y abierto, y los profesores constitucionalistas no le habían dedicado especial atención hasta el momento, por lo que hay pocos estudios sobre el mismo. Se puede decir que esta crisis servirá para explorar las posibilidades y limitaciones de dicho artículo. Otra cosa es el segundo paso que algunos, como Albert Rivera, proponen: la convocatoria de elecciones autonómicas.
Un primer paso para evitar la catástrofe es dejar que hablen las urnas, pero las de verdad, con todas las garantías, con una autoridad electoral y un censo serio, dentro de la legalidad vigente y con programas electorales que digan muy claramente cuáles son las verdaderas intenciones políticas de los partidos que comparecen.
Melilla, al igual que el resto de España e incluso de muchos países, en especial de la Unión Europea y los EEUU, seguiremos atentos a lo que ocurre porque de ello depende que la unidad de nuestra nación se mantenga. A Carles Puigdemont había que pararle los pies y ayer se comenzó el proceso para hacerlo mediante el famoso artículo 155 de la Constitución.
