El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla, Emilio Guerra, en nota de prensa, se ha manifestado sobre la problemática existente en la ciudad con respecto a los menores extranjeros no acompañados (MENAs).
UPYD se ha mostrado satisfecha de que en Melilla se vayan sumando más voces a la vieja reivindicación de la formación magenta. Guerra, ha indicado sentirse "más convencido que nunca y con mayores argumentos" al solicitar la "revisión en profundidad" del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, sobre atención a menores extranjeros no acompañados -B.O.E nº 306 de 21 de diciembre de 2012- "y en última instancia, caso de no obtenerse resultados satisfactorios para poder seguir ejerciendo con rigor y eficiencia esas facultades y pactos, devolver las mismas al Estado".
Según el dirigente local de UPYD: "la situación para seguir ejerciendo dichas capacidades con la debida diligencia, está al borde del descontrol, las autoridades locales superadas y la ciudad al límite en cuanto a infraestructuras y personal". De modo, subrayó Guerra, "lo más sensato es que sea el Estado quién asuma la responsabilidad y gestione directamente esas funciones y servicios", apuntando que una cosa es "devolver competencias como las detalladas en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, que tendrían cierta complejidad técnica, y otra bien distinta las del Convenio de colaboración sobre MENAs., que en su cláusula séptima establece las causas de resolución del citado Convenio".
Se considera desde UPYD, que en este asunto "existen cuestiones externas que deben resolverse por vía diplomática entre los Estados de España y Marruecos", pero mientras el Gobierno de Madrid "decida o no, abordarlo con cierta profundidad, debemos cumplir nuestras leyes internas y las internacionales como la Convención de Derechos del Niño".
Emilio Guerra, estima que "no se trata de criticar y hacer demagogia con un asunto tan delicado", como tampoco está en el ánimo de su partido "culpabilizar y criminalizar a nadie". Guerra, considera que al Gobierno de la Ciudad Autónoma "se le ha venido encima una problemática para la que no estaba preparado y de ahí la necesidad de revisar todos los aspectos que lo condicionan, empezando por el normativo".
