Los abogados de los acusados por pertenecer a una supuesta red de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, que desde ayer están siendo juzgados en la Audiencia Provincial con sede en Melilla, para los que se piden un total de 86 años de cárcel y 205 millones de multa, han solicitado al tribunal que declare nulas las escuchas telefónicas porque no quedarían probadas su fidelidad, las mismas se habrían realizado de forma prospectiva (a futuro), sin comprobar si las traducciones del “shelja” al español serían correctas y sin declarar fecha de finalización, a un total de 37 números de teléfonos pertenecientes a 12 personas. Los letrados también han pedido la nulidad del proceso por vulneración de un proceso de garantías e igualdad, al señalar que no se entregaron los originales y las copias de las actuaciones, no se incluyeron las grabaciones transcritas y hubo falta de control judicial de las mismas.
En este sentido, uno de los letrados detalló que "no se puede obligar a escuchar las grabaciones en la Oficina Judicial, donde no hay espacio ni privacidad". Así, el representante de uno de los acusados Abdelaziz O., señaló que su patrocinado vive en Barcelona y no pudo escuchar lo grabado. "Mi cliente no puede verificar lo dicho; tampoco sabe si con quien hablaba era él (uno de los presuntos cabecillas de la red) y si la traducción del shelja es correcta".
Por su parte, la defensa de Mohamed A. sostuvo que se vulneró la tutela de su cliente porque se incluyó el alzamiento de bienes, cuando en su opinión no se incurrió en ese delito, porque las fechas que se aportan no coinciden. Igualmente subrayó la supuesta violación en el secreto de las comunicaciones desde sus inicios, en concreto en 2009, cuando se grababa a un matrimonio por un presunto narcotráfico porque supuestamente el marido llevaba un nivel de vida muy alto para su sueldo, primero como soldado y después como empleado de una empresa de servicios. El letrado de Mohamed A., Rachid Mohamed Hammu, no se explica cómo se escucha a la esposa de este hombre cuando estaba trabaja desde los noventa como autónoma y tiene sus propios ingresos.
Para el abogado, "hay una falta de individualización de datos que no explican las intervenciones de las comunicaciones".
Rachid Mohamed también pidió la nulidad del blanqueo de capitales y de las actas porque todas las transcripciones se realizaron bajo secreto de sumario. "No hemos tenido oportunidad oírlas y el traductor no firma las actas" apuntilla. También alude a la inviolabilidad del domicilio porque se entra en los domicilios de los hermanos A. cuando no se especifica los nombres de los ocupantes de dichas casas.
Los abogados de los restantes, tras sus exposiciones, se adhirieron a la mayoría de los pronunciamientos realizados durante la vista de ayer.
En el caso del abogado que representante a siete empleados de una sucursal bancaria, acusados de permitir a la red bullar la Ley de Prevención de blanqueo de capitales, dijo que aunque sus clientes no aparecen en ninguna de las escuchas, también pidió la nulidad de las mismas porque subraya que gracias a ellas -aparecen desde el folio 2- de un sumario muy voluminoso, se inició el caso.
Todas estas cuestiones previas deberán ser estudiadas ahora por el tribunal para, seguramente, en la próxima sesión del juicio -fijada para el 11 de diciembre-, determine si acepta alguna, todas o ninguna de estas peticiones.
Los hechos se remontan al año 2010 a raíz de unas anteriores escuchas al matrimonio al que se investigaba por narcotráfico.
