El exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, afirmó ayer que tendrán que ser los electores de Cataluña los que decidan “si quieren que les gobiernen con mando a distancia”. A preguntas de los periodistas durante su estancia en Melilla, el exministro se refirió a la postura del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de permanecer en Bruselas junto a varios de sus exconsejeros y crear allí una “estructura estable” para “coordinar las acciones del Govern”. García-Margallo afirmó que esa es la opción de Puigdemont, pero es algo que tendrán que decidir los ciudadanos de Cataluña en las elecciones del 21 de diciembre, donde deberán elegir entre ser gobernados “con mando a distancia” o “a pie de tierra” con un Gobierno que hable con los ciudadanos “para resolver los problemas que les preocupan”.
Respecto al giro en la postura de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que en su declaración en el Tribunal Supremo del pasado jueves se desmarcó de la vía unilateral para la independencia para eludir la prisión incondicional, García-Margallo dijo que “lo importante es que se ha mostrado en contra del relato que han ido definiendo los separatistas”.
El exministro cree también demostrado tras lo ocurrido en Cataluña que “España es un Estado de Derecho y que la ley funciona y es aplicada por unos jueces independientes y por un procedimiento que respeta todos las garantías de las personas que están siendo investigadas”.
“Esa es la buena noticia”, agregó García-Margallo antes de precisar que en España todos son iguales ante la ley, “desde el rey hasta el último ciudadano”, lo cual “es un motivo de tranquilidad para todo el mundo”.
Según el exministro García-Margallo, con lo que ha ocurrido en Cataluña el Estado no se ha limitado a actuar aplicando el artículo 155 de la Constitución Española, “sino persiguiendo aquellas conductas que pueden ser sospechosas de ser actos ilícitos”.
A su juicio, se ha demostrado que el Estado funciona y que “no está dispuesto a tolerar más intentos de modificación de la Constitución por procedimientos fuera de la Constitución ni a tolerar “lo que ha sido durante un tiempo un auténtico golpe de estado”.
