“O Francisco Robles no se ha leído las sentencias y, por tanto, habla desde el total desconocimiento, o, simplemente trata de engañar a los ciudadanos”. De esta forma, el secretario Ejecutivo del PSOE Fidel Moga salió al paso de las declaraciones del director territorial del Ingesa, en las que aseguró que la Mesa de Contratación actuó correctamente en la adjudicación del contrato de ambulancias.
Moga apuntó que la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de noviembre de 2015 apunta en su fundamentó séptimo el “mal funcionamiento de la administración contratante”, y señala que “la responsabilidad que debe correr a cargo a cada uno de quienes intervinieron en el proceso de contratación”. Y, en el fundamento sexto, el propio Tribual señala la posibilidad de que se le hayan abierto diligencias penales a los miembros de la Mesa de Contratación.
“La sentencia habla de la mala praxis del Ingesa, por lo que el hecho de que Robles ponga en tela de juicio lo que dice la sentencia demuestra o que la desconoce o, lo que es peor, que falta a la verdad”, expuso.
Además, “la propia sentencia desbarata el argumento de Robles cuando éste señala que la empresa adjudicataria presentó un documento en el que señalaba que estaba al corriente de pago a la Seguridad Social y que fue a raíz de una denuncia de otra empresa cuando se descubrió que no era así”. “Como recoge la propia sentencia, la Mesa de Contratación sólo tendría que haber pedido a la Seguridad Social el certificado para saber si la empresa adjudicataria se encontraba o no al corriente de sus obligaciones, como sí hizo el Juez del Tribunal del Contencioso Administrativo”, señaló. “Dieron por bueno un documento sin tan siquiera constatarlo como era su obligación”, agregó.
TAC y Resonancias de Melilla
Según el socialista, Robles va en contra de lo que señala la sentencia sobre la empresa ‘Tac y Resonancias de Melilla’ al afirmar que la condena contra el Ingesa se debe a “una cuestión de forma y no de fondo”. “La Justicia deja claro que la condena se basa en que Villarroel actuó en contra de lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público, y que, de forma unilateral, obligó a una empresa a cambiar unas condiciones pactadas y a un tiempo establecido”, puntualizó.
