Coalición por Melilla (CPM) criticó ayer que el Gobierno local vaya a dar a la oposición “apenas cuatro días” para estudiar y debatir de los presupuestos de 2018, que ascienden a 273 millones de euros, para evitar que pueda hacer “un análisis exhaustivo”. En rueda de prensa, el diputado de CPM Rachid Bussian lamentó que la oposición se haya tenido que enterar por la prensa de que el Gobierno melillense pretende hacerle llegar el anteproyecto presupuestario la próxima semana para iniciar el 11 de diciembre los debates en la comisión, lo que a su juicio demuestra su “improvisación”. Por el contrario, señaló que en Ceuta, los grupos parlamentarios llevan desde septiembre debatiendo los presupuestos, algo que en Melilla se reducirá a escasas dos semanas, ya que la intención del Gobierno regional es que los presupuestos de 2018 puedan estar aprobados antes de que finalice este año.
Ello, a pesar de que se trata del “documento más importante de gestión política de la ciudad”, con un importe de 273 millones de euros, que es “para echarse las manos a la cabeza” porque representa “casi 25 millones por cada kilómetro cuadrado”, pese a lo cual la ciudad “sufre carencias y deficiencias en muchos aspectos”.
Señaló que el “modus operandi” del Gobierno con la limitación de tiempo también se ha dado recientemente a la hora de aprobar reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar 2,9 millones de euros en facturas atrasadas, lo que atribuyó a una intención de que a la oposición “no le dé tiempo a hacer un análisis exhaustivo de sus políticas”.
“La oposición también tiene vida como para que se la castigue dándole la documentación deprisa y corriendo”, afirmó Bussian para lamentar que “después el Gobierno hará lo que quiera o crea conveniente” con su mayoría de 13 votos en la Asamblea.
Facturas atrasadas
También acusó a la consejera de Hacienda, Esther Donoso, de mentir “descaradamente” cuando dijo que el voto en contra de la oposición a los reconocimientos extrajudiciales de crédito era porque no quería pagar a los proveedores.
“En los vídeos y archivos se ve claramente que los grupos de la oposición en masa decían que no se oponían a pagar a los proveedores, sino a que se pagaran facturas de dudosa legalidad y con reparos de la Intervención”, aclaró el diputado cepemista para recordar que incluso su grupo hizo una advertencia de legalidad que no fue admitida. “Nos negamos a pagar con dinero público los chanchullos del Gobierno de Imbroda”, apuntó de forma rotunda.
De cara a las elecciones
Por último, respecto a los presupuestos de la sociedad pública Promesa, que destinan dos millones de euros a prácticas becadas para jóvenes, el diputado dijo que su partido está de acuerdo con “todo lo que sea medidas encaminadas al fomento del empleo y la formación”, pero sospechó que esta inversión, procedente de fondos europeos, “va encaminada de cara a las elecciones”. “Se podría haber invertido desde el principio de la legislatura”, opinó.
