La Consejería de Bienestar Social ha firmado el convenio de colaboración pertinente con la Fundación Cruz de los Ángeles para el concierto de una plaza en el centro que gestiona esta institución de atención especializada en trastornos de la conducta. El coste del acuerdo es de 48.750 euros para un periodo de un año, lo que supone un coste de 195 euros por cada día de estancia del menor derivado, hasta un total de 250 días, que es el periodo comprendido entre abril y diciembre de este año. Según recoge el convenio, la Ciudad Autónoma deriva a un menor con diagnóstico de trastorno de conducta al centro de alojamiento de menores de Isla de Pedrosa (Cantabria) perteneciente a la Fundación Cruz de los Ángeles. Los 48.750 euros que recoge el convenio es para sufragar los gastos que ha generado la estancia del menor entre los meses de abril y diciembre de este año.
La Fundación Cruz de los Ángeles, merced al acuerdo suscrito con la Ciudad Autónoma, se compromete a la atención integral del menor acogido y tutelado por la Ciudad Autónoma. A la atención e intervención profesionalizada y especializada, cubriendo las necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado, proporcionándoles un entorno socioeducativo-laboral acorde con los objetivos del Programa, procurando en la medida de lo posible la asistencia a los servicios normalizados.
El Centro deberá dar respuesta inmediata y continuada a los casos que, precisan de una intervención, tanto de modo ordinario, como en los presupuestos en los qué se precisa una actuación de urgencia al detectarse que existe un grave riesgo para la integridad física o psíquica del menor. El personal que atiende al menor tendrá la capacidad técnica indispensable, para poder mallar su laboro socio-pedagógica. Asimismo deberán remitir a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada tres meses, los programas socioeducativos del menor. La entidad se compromete al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación nacional o internacional y en particular, los derechos reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor, en el ejercicio de la guarda sobre el menor.
